El presidente de Aragón responde al informe de la ONU ante Guterres: “Está plagado de falsedades”

El presidente de Aragón, Javier Azcón, ha enviado una carta a António Guterres, secretario general de la ONU, en respuesta al informe conocido el pasado viernes contrario a las leyes de concordia de su comunidad y las de Castilla y León y Valencia.

"Le comunico que el informe contiene información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España y, en consecuencia, desvirtúa la realidad y está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones”, escribe el presidente del PP en X.

“También que el ánimo” de su Ejecutivo “y del Plan de Concordia no es invisibilizar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino honrar a todas ellas, así como a las del periodo democrático, como son las víctimas de la banda criminal ETA y, por extensión, las del terrorismo”.

“Por último”, continúa, “le indico que le haremos llegar al señor Salvioli, coautor del informe, información a modo de alegación que profundice jurídicamente en todas las cuestiones mencionadas”.

La primera "falsedad" que denuncia Azcón es que en el informe se diga que se ha aprobado una ley de concordia cuando realmente lo que se ha hecho es derogar la del anterior Ejecutivo socialista.

"A nuestro juicio, esta ley imponía un relato sesgado y realizaba una interpretación partidista de la historia", se justica el aragonés antes de denunciar que aquella ley "idealizaba la Segunda República"; "condenaba los crímenes y atrocidades cometidos por un bando durante la Guerra Civil, pero relativizaba los cometidos por el otro"; y "limitaba la definición de `víctimas¿ a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra".

"Se trataba de un texto normativo que sembraba la división y la confrontación entre los aragoneses sobre una tragedia fratricida mediante la imposición de un relato ideológico de parte", se defiende Azcón.

En segundo lugar, asevera que la derogación del texto "no invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista". "De hecho, el presupuesto del Gobierno de Aragón para este año 2024 incrementa, respecto a ejercicios anteriores, la partida para exhumaciones en un 10%", prosigue.

Por último, Azcón confirma que no se ha suprimido el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática, ni el mapa de fosas comunes ni tampoco la información sobre los lugares de memoria democrática de la comunidad.

Y subraya que las subvenciones a proyectos públicos de memoria histórica "no quedan en una situación incierta como consecuencia de su sujeción a la justificación correspondiente, como apuntan los autores del informe. "Por el contrario, la justificación de las subvenciones constituye una imposición legal regulada en la legislación española, propia de un Estado de derecho y democrático", concluye.

Con todo ello, Azcón, que manda un "fraternal saludo" a Guterres, comunica a la ONU que, "tan pronto como sea posible", remitirá un informe a modo de alegación que profundice jurídicamente en todas las cuestiones mencionadas en la carta.

El supuesto informe de la ONU que censura las leyes de concordia de PP y Vox partió de tres relatores del organismo internacional –expertos independientes- y no se trata de un informe vinculante, tal como han reconocido fuentes internas de la ONU, que destacan que se trata de “opiniones” y “recomendaciones” que no implican obligación alguna.

El documento no es emitido oficialmente por Naciones Unidas, sino por los relatores especiales, que no son miembros de la ONU y trabajan de forma voluntaria, sin percibir remuneración por ello.

Según el presidente de Aragón -uno de los aludidos-, es obra de Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a quien el Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que se dirigiría tras conocer que Aragón y Castilla y León pretendían aprobar sus propias normas en el campo de la memoria histórica.

El documento, por tanto, no es más que una respuesta a los planteamientos presentados por una denuncia de parte que, además de Salvioli, está firmado por Aua Baldé, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Morris Tidball-Binz, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Ninguno se habría puesto en contacto con los gobiernos autonómicos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.