El presidente desnudo

Si algo se ha evidenciado durante el proceso al fiscal general del Estado es que había connivencia entre la jefatura de la Fiscalía y la Presidencia del Gobierno que tenía como finalidad alinearse con los intereses de Pedro Sánchez.

La defensa a ultranza que ha hecho la dirección socialista de la inocencia de Ortiz no tiene explicación coherente alguna en términos democráticos, pero sí en clave de poder. La fiscalía es una de las piezas necesarias para el líder socialista junto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, retirando la instrucción de los procesos penales a los jueces, para que pasen a ser competencia de los fiscales. Las dos piezas juntas son sinónimo de control absoluto de qué se debe investigar y cómo.

Sánchez ningunea al Poder legislativo, pero tiene obsesión con el Poder Judicial y con los medios de comunicación. Razones no le faltan, la batalla que libró por el Tribunal Constitucional ha dado resultados con leyes controvertidas como la ley de Amnistía y el sometimiento de algunos medios de comunicación al dictado de la Moncloa ruboriza incluso a los propios periodistas de dichos medios.

El argumento para defender a Ortiz, atribuyendo todo a una campaña orquestada de la derecha política y judicial, ha sido diseñado para contribuir al esquema de la polarización, en la que no se cuestiona nada que realicen los propios y se ataca a todo lo que se mueve en el adversario.

Sin embargo, al fiscal general le ha juzgado el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial, y la sentencia ha sido clara, condenando a García Ortiz a inhabilitación, a pena de cárcel, a multa, a costas judiciales y a indemnizar a la pareja de Díaz Ayuso.

Una vez dirimido en los tribunales, ahora lo que tocaría es asumir responsabilidades políticas. Si el fiscal cometió el delito de revelación de secretos, el beneficiado era Sánchez y ha quedado clara la coordinación entre las estructuras de presidencia y la fiscalía, el asunto empaña directamente al líder socialista.

Sánchez ha perdido la coartada que le hubiese proporcionado una eventual absolución frente a otros procesamientos posibles, como el de Begoña Gómez. También ha quedado en entredicho él mismo cuando hace pocos días dictaba su propia sentencia sobre el caso.

Lo que le corresponde ahora es esclarecer el papel que tuvo la Moncloa en todo este asunto, cesando a los miembros de su gabinete que estuvieron implicados en la operación por la que se ha condenado al fiscal.