Un presidente ante la verdad o la Justicia

El próximo jueves, 30 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una cita ineludible con la verdad y con la soberanía nacional en el Senado de España. No acude a un mitin, ni a una sesión de control donde puede parapetarse tras una bancada azul que va desde la pleitesía con un fervor casi circense, hasta el silencio cómplice de los ministros más avergonzados.

Acude a una Comisión de Investigación, un órgano constitucional creado para desentrañar la verdad sobre la trama de corrupción que asfixia a su Gobierno, a su partido y a su familia. La expectación no es solo política; es, sobre todo, moral y legal. España entera, y con ella la comunidad internacional, observa con estupor cómo el presidente más acorralado por la corrupción de nuestra democracia se ve forzado a rendir cuentas. La comparecencia de Sánchez no es un acto de cortesía, sino un imperativo democrático ante la opacidad, la mentira y la connivencia que han marcado su gestión.

El presidente debe saber que el Senado no es un plató de televisión de un medio amigo ni un acto de partido. En este foro, la verdad no es una opción; es una obligación legal con consecuencias penales. La Ley Orgánica 5/1984 y el Código Penal son claros. Su artículo 502.3 establece sin ambages que: «El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses».

Que le quede claro, señor Sánchez. La ley es igual para todos, incluso para un presidente que se cree por encima de ella e intenta desesperadamente estarlo al precio que sea. Estamos ante una situación que no tiene parangón en ningún país democrático del mundo occidental. Nunca antes un presidente del Gobierno en España había estado tan cercado por la sombra de la corrupción que afecta a su círculo más íntimo, familiar y político. Sánchez es el presidente más acorralado por la corrupción de la democracia.

Su entorno más cercano está bajo sospecha: desde su esposa y hermano, hasta sus manos derechas en el partido y el Gobierno. Y, ante este panorama de degradación institucional, su respuesta ha sido la misma de siempre: la huida hacia adelante, el silencio atronador y la mentira como estrategia de defensa. No ha dado ni una sola explicación convincente, ni ha aportado un solo documento que justifiquen los pagos en sobres en efectivo, los ascensos o las mordidas que rodean a su entorno.

En lugar de transparencia, ha creado un «war room» en Moncloa para preparar una «defensa» jurídica, cuando la única defensa posible es la verdad, si es que la verdad no es su condena. El silencio, señor Sánchez, no será interpretado como prudencia, sino como una confesión.

Si opta por callar, España entenderá que está ocultando la verdad sobre la financiación ilegal de su partido y sobre su conocimiento de la trama. El 30 de octubre, el presidente tiene la última oportunidad para decir la verdad a los españoles y para asumir responsabilidades políticas por la corrupción que ha carcomido los cimientos de su Gobierno. La democracia española exige que se levanten las alfombras de Moncloa y que se ponga fin a esta etapa de ignominia. La verdad o la Justicia. El ultimátum está servido.