El Gobierno sigue abonando el choque entre poderes, atribuyendo al judicial un papel clave en la desestabilización del Gobierno. El esperado procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tenido ya una primera reacción en Moncloa. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ejerciendo de punta de lanza ha valorado en su cuenta de X la decisión como un movimiento de la "oposición real de este país".

"La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo", ha señalado el ministro, que ha puntualizado que "el desastre de su manifestación de ayer les ha tenido que sentar fatal". En Moncloa se sienten víctimas de una conspiración político-judicial para hacer caer al Ejecutivo y consideran que el Tribunal Supremo está ejerciendo como un contrapoder en esta estrategia.

En esta estrategia, el fiscal general del Estado se ha convertido en una pieza de caza mayor y están dispuestos a llevar su defensa hasta el final, incluso, si acaba sentado en el banquillo. Fuentes gubernamentales consultadas por este diario asumen el destino de García Ortiz, que está al borde del banquillo por un delito de revelación de secretos.

Sin embargo, pese al profundo descrédito que esto supone y la crisis reputacional en la que se encuentra inmersa la Fiscalía, un pilar del Estado de Derecho, en Moncloa no están dispuestos a forzar ningún movimiento de desestabilización. Hay que recordar que el Gobierno no puede cesar al fiscal general, pero sí puede retirarle su confianza a fin de que sea él mismo quien dimita.