Puigdemont desactiva la citación del Supremo a la espera de la amnistía

Diez días después de que la magistrada del Tribunal Supremo (TS) que investiga a Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic acordase la citación como investigado del expresidente de la Generalitat, ofreciéndole la posibilidad de declarar voluntariamente por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio, el alto tribunal no ha podido notificarle esa resolución. Una citación que, según las fuentes consultadas, el candidato de Junts no tiene intención de atender antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía, prevista para la segunda quincena de mayo, lo que de hecho supone desactivar por ahora esa posible declaración judicial.

Y es que, según esas mismas fuentes, aunque no hay una decisión adoptada al respecto, su defensa tiene intención de agotar el plazo para recoger el guante lanzado por el Supremo, por lo que no tiene previsto contestar al alto tribunal antes del 17 de junio, cuando comienza esa horquilla de cinco días facilitada por la instructora para llevar a cabo ese posible interrogatorio telemático al que, de momento, ya se ha opuesto la acusación particular que representa a dos policías heridos en las protestas de Tsunami, una negativa que también respalda Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce la acusación popular.

De esta forma, Puigdemont no cumplimentaría el ofrecimiento del Tribunal Supremo antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía -el Senado debe remitir de vuelta al Congreso la proposición, como muy tarde, el 16 de mayo-, lo que dejaría su declaración como imputado en el aire una vez entre en vigor la medida de gracia. No en balde, si con la medida de gracia operativa la causa de Tsunami deberá archivarse, los efectos de la amnistía respecto a esta causa quedarán paralizados desde el momento en que el Supremo plantee ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial trasladando sus dudas sobre si el archivo del procedimiento va en contra de la aplicación del derecho europeo en la persecución del terrorismo.

De momento, según fuentes del Tribunal Supremo, solo se ha podido notificar la citación como investigados a Ruben Wagensberg, el diputado de ERC huido a Suiza -aforado como expresident- cuya investigavión también asumió la magistrada Susana Polo (no así la del resto de imputados, entre ellos Marta Rovira, que sigue en manos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón).

La defensa sí se ha personado en la causa abierta en el Supremo, a diferencia de Puigdemont, que no es parte del procedimiento ni parece que tenga intención de serlo a la espera de que la ley de amnistía deje en papel mojado la investigación de su supuesta responsabilidad en los altercados provocados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en protesta por la sentencia del "procés", entre ellos la toma del aeropuerto del Prat, el bloqueo de la AP-7 en el paso fronterizo de la Junquera y la "huelga general" en Cataluña.

"Averiguación de paradero"

La magistrada del Supremo acordó la "averiguación de paradero y domicilio" de ambos investigados (en el caso de Wagensberg ya no es necesario, al haberse notificado la resolución al diputado de ERC huido a Suiza a través de su defensa), librando para ello una Orden Europea de Investigación (OEI) o una comisión rogatoria internacional. En todo caso, fuentes próximas al expresident aseguran que para trasladar a Puigdemont esa citación -que en todo caso deja en manos de los investigados la fecha exacta de esa citación entre los días señalados- basta con remitirla a "su domicilio fiscal en Waterloo o a la oficina en el Parlamento Europeo", al margen de que ahora haya fijado temporalmente su domicilio en el sur de Francia para la campaña electoral de las elecciones catalanas del 12 de mayo.

Por su condición de aforado, la magistrada del Tribunal Supremo no puede citar a declarar como imputado a Puigdemont sin solicitar antes el suplicatorio al Parlamento Europeo, algo a estas alturas ineficaz dado que el líder independentista apura su mandato de eurodiputado, pues la Eurocámara se renueva tras las elecciones del próximo 9 de junio, y no repetirá como candidato.

Cambio de aforamiento

Al margen de que se convierta o no en el próximo presidente de la Generalitat, Puigdemont perderá su condición de aforado como europarlamentario cuando recoja en el Parlament su acta de diputado. A partir de ahí, pasará a estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aunque en este caso -como sucedió con la causa del "procés", el Supremo asume la investigación por haberse llevado a cabo en parte en el extranjero los hechos investigados: las reuniones en Suiza en las que supuestamente se organizó el lanzamiento de Tsunami Democràtic y el bloqueo de la AP-7 que se trasladó también al sur de Francia. En todo caso, la instructora debería a partir de ese momento -ley de amnistía mediante- reclamar el suplicatorio al Parlamento de Cataluña para poder interrogar a Puigdemont si este no accede a hacerlo voluntariamente.

La sombra de la amnistía también explica otra actuación procesal de la defensa de Puigdemont, en esta caso en la causa del "procés". Después de que en julio pasado el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ratificase la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio solicitado por el magistrado Pablo Llarena, el líder independentista recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el que podía además plantear la suspensión cautelar de la retirada de la inmunidad.

Llarena dio en septiembre del año pasado diez días de plazo a Puigdemont para acreditar esa petición de suspensión, cuya tramitación no está sujeta a plazo alguno, de la que dependía una posible reactivación de la euroorden contra él para intentar que la Justicia belga accediese a su entrega. Pero siete meses después, no ha habido respuesta y la OEDE contra el expresident sigue paralizada.