Recurso contra la decisión de no reabrir la causa por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate

El Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) rechazó reabrir la causa contra los mandos de la Guardia Civil por los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero de 2024, cuando dos agentes murieron tras ser arrollados por una narcolancha. Una decisión que llegaba tras lo acordado en la Audiencia Provincial de Cádiz, que archivó la causa, y una providencia anterior del propio juzgado en la que se archivaba el procedimiento.

Hay que recordar que la familia de Miguel Ángel González, uno de los dos guardias civiles fallecidos, anunció que iba a solicitar que se reabriera la causa contra los mandos del Instituto Armado que supuestamente dieron la orden de acudir esa noche al lugar al tener "nuevas pruebas" sobre el caso. Sin embargo, tras este nuevo varapalo judicial, es la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) quien presentará un recurso legal de reforma con apelación subsidiaria para reabrir el caso.

A su juicio, la providencia dictada el pasado 4 de febrero por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate es "nula de pleno derecho al carecer de la motivación exigida legalmente y vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva". Asimismo, hacen hincapié en la "existencia de incidentes de nulidad pendientes en la Audiencia Provincial, los cuales podrían afectar la validez de los autos en los que se basa la Providencia recurrida".

Su objetivo, con esta acción legal, es "garantizar que cualquier decisión sobre la reapertura de la causa esté debidamente fundamentada, respetando así los derechos de los guardias civiles asesinados, de los demás agentes heridos y de sus familias". Por todo ello, insisten en la necesidad de que se "valore la gravedad de los hechos y se actúe con transparencia".

El fiscal se opuso a nuevas pruebas

Miguel Lozano, abogado de la familia del Guardia Civil gaditano, explicó en declaraciones a Europa Press que se había aportado una grabación de audio que "no era conocida con anterioridad en el curso de procedimientos", por lo que "debía admitirse" para sustentar esta reapertura del caso contra quienes serían "responsables" de haber ordenado el operativo de Barbate.

El letrado lamentó que en el anterior proceso, que fue archivado, el Ministerio Fiscal "se opuso" a que se aportaran evidencias como audios porque "vulneraba el derecho a la intimidad de otras personas" que aparecían en esas llamadas que trataron de aportarse. En aquel momento se "impidió" que se presentaran estas pruebas, pero Miguel Lozano se mostró confiado de que ahora no pasaría lo mismo porque "la presión mediática es muy fuerte". La Audiencia Provincial de Cádiz archivó en noviembre las diligencias contra el coronel de la Comandancia en Cádiz y el General de Guardia Civil de Andalucía a los que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) acusaba de ser "responsables de dar la orden en el operativo de Barbate".