Carles Puigdemont tendrá que esperar para poder regresar a España. De momento, el Tribunal Constitucional (TC) no prevé, según las fuentes consultadas, acordar la suspensión cautelar de la orden de detención y prisión que mantiene en vigor contra el expresidente de la Generalitat el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés». Esta era precisamente la primera oportunidad que se le abría al líder de Junts para su vuelta a nuestro país más de ocho años después de su huida a Bruselas.

Pero distintas fuentes consultadas en el TC –de una y otra sensibilidad– coinciden en que el Pleno desestimará su pretensión y mantendrá en vigor esas medidas. De hecho, la ponencia que ultima la magistrada Laura Díez apunta en este sentido, al igual que los borradores de resolución de los que se encargan sus compañeros César Tolosa (en relación al exconseller Lluís Puig) y Enrique Arnaldo (respecto a Toni Comín).

Por si fuera poco, esa decisión no se tomará antes de final de año, como inicialmente se apuntó, sino ya el próximo enero, después de que el rechazo a la petición de suspensión de las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, se haya retrasado hasta el último Pleno del año, como pronto (con el objetivo de, como adelantó LA RAZÓN, homogenizar las tres ponencias al respecto y limar asperezas con la Abogacía del Estado).

La previsión de Sánchez

Así, las cosas, las previsiones del presidente del Gobierno –tras su mea culpa con Junts– de un pronto regreso del líder independentista que culmine la aplicación de la Ley de Amnistía dan por hecho que el Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde-Pumpido, enmendará la plana al Tribunal Supremo, como ya hizo al anular las condenas por el fraude de los ERE, y estimará el recurso de amparo de Puigdemont.

Incluso desde Moncloa se da por hecho que ese capítulo en pos de la normalización en Cataluña se cerrará entre febrero y marzo. Justo cuando, una vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la adecuación de la polémica ley al derecho comunitario, el TC resuelva los recursos de amparo de Puigdemont y del resto de huidos, así como los presentados por los condenados que siguen inhabilitados (el indulto parcial del Gobierno únicamente borró las penas de prisión).

Una presunción sobre la futura actuación del TC al resolver los amparos del «procés» que, por cierto, no ha sentado nada bien en el seno de la corte de garantías, en la medida en que anticipa que el Constitucional dará la razón a los políticos independentistas y determinará que la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que están condenados o procesados vulnera sus derechos fundamentales.

En manos del Tribunal Supremo

Pero en esa previsión para intentar tranquilizar a Junts –que tras retirarle su apoyo ha dejado la legislatura pendiendo de un hilo– Pedro Sánchez parece olvidar que será el Supremo el que tenga la última palabra.

Y es que, aunque suponiendo, como supone el presidente del Gobierno, que el TC amparará a Puigdemont entre febrero y marzo una vez Luxemburgo despeje el camino en Europa, el que tendrá que ejecutar la Ley de Amnistía será, en todo caso, el alto tribunal (tanto la Sala Penal, respecto a los ya condenados, como el juez Llarena en relación a Puigdemont y el resto de fugados).

Aunque el TC ampare al expresident y a los demás demandantes de amparo y anule la decisión del Supremo de no amnistiar el delito de malversación (por equiparar la financiación del «procés» con dinero público al enriquecimiento patrimonial que la propia ley excluye del ámbito de aplicación de la amnistía), el Supremo podría acudir al TJUE y dejar la aplicación de la amnistía en suspenso. Hasta que Luxemburgo dilucide si amnistiar la malversación encaja en la normativa comunitaria (en vías de endurecerse aún más con una nueva directiva) que persigue estas conductas delictivas.

El precedente de los ERE

Algo similar a lo que ha sucedido con las condenas de los ERE –incluidas las de los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves). Tras anularlas el TC por vulnerar la legalidad penal, la Audiencia de Sevilla acudió a la Justicia europea (una decisión contra la que en principio se revolvió Conde-Pumpido) y dejó así en suspenso la ejecución de las sentencias del Constitucional (a día de hoy siguen paralizadas).

El líder del PSOE pasa por alto también otra circunstancia que puede alterar ese calendario optimista –aunque esta, al menos, tiene en su mano evitarla–. Un posible adelanto de las elecciones generales, con los inevitables meses de precampaña, comprometería la resolución de los amparos, en aplicación de la norma no escrita de no interferir en procesos electorales en marcha.

Y es que en la recta final hacia esos comicios la decisión del TC tendría unos innegables efectos políticos, por lo que, previsiblemente, se aplazaría en esas circunstancias.