Puigdemont invoca a Otegi para suspender su orden de prisión en el TC

Carles Puigdemont insiste al Tribunal Constitucional (TC) en que suspenda cautelarmente la orden de detención y arresto que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena mantiene en vigor contra él. El expresidente de la Generalitat ha remitido a la corte de garantías sus alegaciones en favor de la aplicación de la medida cautelar apenas unos días después de que el TC admitiese a trámite su recurso de amparo con el voto en contra de cinco magistrados.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el líder de Junts reitera al Constitucional que mantener en vigor esa orden de prisión le causa un daño irreparable al no permitirle ejercer sus funciones como parlamentario (es diputado del Parlament). Algo que según su defensa, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, vulnera el derecho fundamental de participación política que consagra el artículo 23 de la Carta Magna.

Además, Puigdemont esgrime el precedente de Arnaldo Otegi en el «caso Bateragune» para sustentar su pretensión de que no se le siga causando lo que entiende un perjuicio irreparable. Y es que después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anulara la condena al líder de EH Bildu por intentar reconstruir Batasuna, el Supremo ordenó repetir el juicio, por falta de imparcialidad del tribunal, y Otegi acudió en amparo al Tribunal Constitucional, al que solicitó además que suspendiera de forma cautelar la decisión del Supremo. El líder abertzale argumentó, como ahora Puigdemont, que no suspender la orden de repetir el juicio le causaría un perjuicio irreparable en el caso de que finalmente el TC (como así sucedió) le concediese el amparo y esa orden de repetir el juicio del «caso Bateragune» quedase en papel mojado). Se le abocaría así a una «pena de banquillo», se quejó, y al consiguiente «desasosiego y sufrimiento», sobre todo –enfatizaba– «cuando las condenas ya han sido cumplidas».

En noviembre de 2021, el Constitucional suspendió el juicio a Otegi (que ya había cumplido los seis años de prisión a los que fue condenado por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna) de forma cautelar.

El ejercicio del cargo de diputado

La defensa de Puigdemont ve en esta decisión un precedente que según su criterio impide dar ahora la espalda al expresident. Su razonamiento es claro: si el TC apreció entonces que no suspender la decisión del Supremo de repetir el juicio conllevaría un perjuicio a Otegi al obligarle a sentarse de nuevo en el banquillo, con mayor motivo debe reconocer ahora que no dejar sin efecto la orden de prisión contra él supone perpetuar la lesión de su derecho al ejercicio del cargo como diputado del Parlament. Y más teniendo en cuenta, señala, que el propio Constitucional ha declarado inconstitucional el voto delegado que reclamaba Puigdemont para poder desarrollar su labor como parlamentario catalán.

Pero, además, Puigdemont entiende que la negativa del TC a la suspensión cautelar que reclama llevaría implícita la desestimación de su recurso de amparo, que ha presentado para intentar tumbar el rechazo del Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que está procesado.

A este respecto, invoca jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que apunta –sostiene su letrado– que en caso de que se aprecie una vulneración de derechos resulta obligado conceder la suspensión cautelar solicitada.

El líder de Junts instó el pasado julio al TC a suspender la orden de prisión que Llarena acordó contra él, que le impide regresar a España si no quiere ser detenido. Su intención era que los magistrados abordaran el asunto con carácter urgente (de forma cautelarísima). Pero el Constitucional optó finalmente por tramitar su petición sin esa urgencia, por la vía cautelar.

El amparo, en primavera

Una vez abierta una pieza separada para tramitar esa solicitud de suspensión, el TC escuchará los argumentos de unos y otros: además de Puigdemont, deben pronunciarse la Abogacía del Estado, Fiscalía y Vox. Con esos mimbres el Pleno tomará una decisión, que previsiblemente no se demorará más de mes y medio.

Más tiempo llevará al TC pronunciarse sobre su recurso de amparo, una decisión que no se espera antes de primavera. Si la corte de garantías finalmente le concede el amparo, la negativa del Supremo a amnistiar a Puigdemont quedaría sin efecto, en lo que supondría un nuevo choque de trenes entre ambos tribunales, todavía reciente la anulación de las condenas por el fraude de los ERE (pendiente ahora de lo que diga el Tribunal de Justicia de la UE).

Llarena se negó a amnistiar el delito de malversación a Puigdemont al entender que hubo ánimo de lucro al financiar el «procés» con fondos públicos, en la medida en que no tuvo que desembolsar ese dinero de su bolsillo.