María Jesús Montero está en tiempo de descuento y el temporizador ni siquiera lo controla Pedro Sánchez. Su destino está en manos de Juanma Moreno y su decisión de activar el reloj electoral en Andalucía. Cuando el presidente andaluz convoque las elecciones, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda deberá abandonar sus atribuciones en el Gobierno central para asumir en exclusiva la tarea de liderar la candidatura de los socialistas a estos comicios. Hasta entonces, Montero simultaneará tareas. «Demasiadas», según recelan algunos cargos socialistas consultados.

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Junta de Andalucía es una persona de la máxima confianza de Sánchez, que la ha situado sistemáticamente en puestos clave y al frente de las negociaciones más complejas y comprometidas. Aunque no esté previsto que salga oficialmente del Gobierno hasta que haya una convocatoria oficial de elecciones, Sánchez ya ha activado la «desescalada». Sin Presupuestos ni reforma de la financiación autonómica a la vista, las dos tareas que debía de capitanear de cara al final de la legislatura, el presidente busca optimizar recursos y que Montero concentre sus esfuerzos en reflotar el PSOE andaluz. Los datos internos que manejan en el partido son preocupantes.

El desembarco en Andalucía, venciendo las discrepancias con la propia Montero que se resistió hasta el final, se ideó por Sánchez como una suerte de revulsivo. Devolver el «orgullo socialista» al partido, diezmado por el shock de perder la Junta y de la posterior lucha interna que se desató por los restos. El objetivo era reactivarse y frenar el trasvase de votantes hacia el PP. El último barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) publicado en abril dibujó una perspectiva demoledora para los socialistas, situándoles por debajo de los 30 escaños, su peor resultado histórico, empeorando la marca de Juan Espadas.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que estas expectativas generan una preocupación contenida en la dirección socialista, pues entienden que no existe tensión electoral y aspiran a crecer en campaña, pero el horizonte que dibujan es una distancia insalvable para alcanzar San Telmo. De este modo, el orden de prioridades ha cambiado y se ha impelido a Montero a que sitúe la interna en primer término. En juego hay mucho más que una convocatoria electoral aislada o el poder en abstracto en Andalucía. En juego está la aspiración de retener la Moncloa.

El pulmón andaluz insufló durante años las mayorías socialistas y este impulso se ha ido perdiendo. La máxima de que las elecciones se ganan con Cataluña y Andalucía cojea de esta segunda pata y entra en colapso con la aspiradora de la Comunidad de Madrid. Por ello, en el Ejecutivo son conscientes de que necesitan volver a ser pujantes en este bastión para no condicionar su permanencia en el poder.

Otra de las instrucciones que se ha puesto sobre la mesa es rehuir la polémica. Después del cuestionamiento de la presunción de inocencia en el «caso Alves» o de los ataques a la universidad privada, Montero lanzó también una andanada en los últimos días contra la UCO. Para desviar el foco de José Luis Ábalos como origen de las filtraciones de mensajes con el presidente del Gobierno, apuntó a quienes debían «custodiar» la información como objeto de investigación. En Moncloa creen que estar en el foco le pasa factura y prefieren que adopte un perfil bajo, también en lo que se refiere a la negociación con sus socios, especialmente, los independentistas catalanes.

Con la financiación «singular» para Cataluña en barbecho, el Gobierno apostó por impulsar una quita de la deuda, pactada con ERC pero que se ofrecería también al resto de comunidades, para evitar asimetrías, y que tendría un impacto positivo para Andalucía. Hacienda ha imprimido urgencia a los tiempos, y la propuesta se encuentra ya en periodo de consulta pública, hasta final de mes, paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros y su tramitación parlamentaria. El objetivo es que la ley orgánica se apruebe este mismo año, pero para ello necesita el apoyo de todos sus socios. Junts no tiene prisa por colmar una de las demandas de sus rivales republicanos y Compromís pide un trato igual para la Comunidad Valenciana.