Sánchez incumple la Ley del Gobierno con sus cesiones a los independentistas

Era la prueba de fuego de la supervivencia de la alianza «Frankenstein» que se fraguó en 2019. Y el PSOE sobrevivió al primer obstáculo de la XV legislatura que se estrenó ayer, consiguiendo la presidencia del Congreso, que recaerá en Francina Armengol, aunque con un alto coste por las cesiones que ha tenido que hacer, que, además, están fuera de la legalidad. Todo ello, también, sin que Pedro Sánchez tenga aún la investidura garantizada, aunque sí es cierto que el entendimiento entre los socialistas y todas las fuerzas independentistas sí refuerza bastante al actual presidente del Gobierno y le acerca a revalidar el mando en Moncloa.

El PSOE ha tenido que hacer cesiones tanto a Junts como a ERC: lo nuclear ha sido el impulso del uso del catalán tanto en las instituciones españolas como en las europeas. Es ahí donde el Gobierno está incumpliendo la Ley ya que el ministro de Exteriores José Manuel Albares envió una carta a la presidencia del Consejo de la Unión Europea para iniciar los trámites del impulso del uso de las lenguas cooficiales en Europa, pero estaría vulnerando la norma que regula la actividad del Gobierno, ya que el artículo 21.3 dice que «el Gobierno en funciones (...) limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas». Por tanto, la tramitación de esta iniciativa por parte del Ejecutivo escapa a sus competencias mientras esté en funciones.

El Gobierno se ha visto forzado a tramitar ya la petición del uso del catalán en las instituciones europeas porque esa era la exigencia de Junts, que reclamaba «hechos comprobables». Además, de puertas adentro, en las instituciones españolas, la propia Armengol ya ha anunciado en las Cortes que, desde la misma sesión constitutiva de las Cortes, «permitirá la utilización» del castellano, el catalán, el euskera y el gallego. Si bien, asaltan dudas sobre cómo va a hacerlo e, incluso, en el propio PSOE tampoco detallaron ayer cómo lo iban a materializar porque requiere tiempo para poder desplegar este compromiso (desde traductores con un coste de hasta un millón de euros según los cálculos, hasta una reforma del Reglamento). En el PP optaron por la prudencia y aseguraron que van a esperar a ver qué decisiones toma la presidenta del Congreso para adoptar una posición sobre el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja.

Además del impulso del uso del catalán, el PSOE ha cedido a las peticiones de Junts de crear una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto para «aclarar la vinculación del CNI con el imán Es-Saty»; y, la reactivación de la comisión de investigación sobre las «cloacas del Estado y el caso Pegasus». ERC reclamaba una comisión de investigación sobre «Pegasus» y también ha logrado que el Estado se comprometa con «el fin de la represión relacionada con el 1-O contra el independentismo por las vías legales necesarias», lo que deja abierto la posibilidad de una ley de amnistía. Una reclamación que si bien no ha estado materialmente en la mesa de negociación, sí se reconoce ahora en el bloque de la izquierda que puede ser abordada. La propia líder de Sumar, Yolanda Díaz, dejó entrever esta vía, asegurando que existen juristas que sostienen que es «completamente constitucional», la amnistía a los condenados por el procés. Ello cuenta con el aval de Podemos, que ya un día antes había reclamado tomarse el debate con «rigor y seriedad».

En todo caso, Sánchez queda atrapado en la voracidad de las fuerzas independentistas, que van a ir pidiendo más y más para sostener la legislatura. De hecho, parece unánime la percepción, entre sus socios, de que las cosas son mucho más complicadas que en 2019, pero Sánchez parece que, de momento, va resistiendo pese a que cada vez lo tiene más difícil. En Moncloa, sin embargo, creen que la elección de la Mesa «proyecta la mayoría de gobierno». Entre sus socios, en Podemos, son moderadamente optimistas con la posibilidad de sacar adelante la investidura, aunque creen que el PSOE «debe moverse más» para recabar los apoyos de ERC y Junts. En cuanto al recorrido de la investidura, desde la experiencia del gobierno de coalición, estas fuentes creen que los socios deberán reclamar al PSOE que «cumpla» con sus pactos en la primera parte de la legislatura ante el temor de que después lo rechace.

El calendario ahora en Moncloa, sin embargo, no se acelera para pactar una investidura, según fuentes del Ejecutivo. Esperarán a que sea Feijóo el que se presente, como ya ha anunciado.