En los últimos ocho años, Santos Cerdán y su entorno familiar más cercano obtuvieron, al menos, 180.00 euros en comisiones ilegales procedentes de Acciona que canalizaban a través de Servinabar. El dinero salía de los pagos que la gran constructora hacía a la mercantil navarra: por cada obra pública que le era concedida gracias a la trama, les compensaba con el 2 por ciento del importe total de la adjudicación pública. Principalmente, fueron tres las que le dieron dinero: Sevilla, Logroño y San Feliú (Barcelona).

De distintas maneras disfrutaron el último secretario de Organización del PSOE, su mujer, su hermana y su cuñado de las «mordidas» ahora reveladas por la Unidad Central Operativa (UCO).

La esposa del exdirigente socialista percibió como trabajadora de la cooperativa Noran S. Coop Pequeña (constituida en 2015 por Joseba Antxón Alonso y Koldo García) un total de 9.500 euros. Pese a que no consta que Francisca Muñoz «Paqui» hubiese desempeñado función laboral alguna entre marzo y julio de 2018. Servinabar (también de Antxón Alonso) era el origen principal de los fondos de esta cooperativa, a la que transfirió a lo largo de siete años, de 2018 al actual, por lo menos 647.331 euros.

Caso similar es el de la hermana de Cerdán, de nombre Belén, que recibió en sus cuentas, concretamente, 22.324 euros, en calidad de empleada de la misma Servinabar, de febrero a junio de 2020. De ahí, dio el salto como asalariada a otra cooperativa, Erlokan, que la tuvo en nómina hasta el pasado mayo. Esta última compañía, asimismo, recibió importantes cantidades monetarias de Servinabar. Un total de 367.290 euros. Un fleco pendiente de ser resuelto en la investigación desarrollada por la Policía Judicial de la Benemérita es determinar «qué parte de esta cantidad habría recibido Belén». Se dilucidará, cuando se cuente con la información bancaria de la cooperativa.

El cuñado del que un día fue «número tres» de Ferraz, Antonio Muñoz, también fue uno más de la plantilla de la constructora de Antxón Alonso –de la que Cerdán tendría el 45 por ciento de la propiedad según otro contrato de compraventa firmado en 2016–.

El hermano de «Paqui» se embolsó, como el único operario destinado en las obras del Puente Centenario de Sevilla que fueron encargadas a Acciona, una retribución de 53.130 euros. Su contrato se alargó de septiembre de 2019 hasta diciembre de 2022.

Ya solo las contrataciones laborales de personas de su familia suman más de 70.000 euros.

Cuando Cerdán es nombrado secretario de Coordinación Territorial de la formación de Pedro Sánchez. allá por 2017, tuvo que mudarse a vivir a Madrid y se vio, por tanto, en la necesidad de alquilar un inmueble. Ahí también estuvo Servinabar. La renta del primer piso que ocupó en la capital, situado en el entorno de la céntrica glorieta de Quevedo, fue satisfecha por Servinabar, de noviembre del citado año hasta julio de 2018. El recibo llegó a los 7.849 euros.

La siguiente vivienda a la que se trasladó en Madrid, el conocido ático de la calle Hilarión Eslava, siguió siendo un gasto para Servinabar hasta noviembre de 2019. La inversión en esta residencia de Cerdán se colocó en los 44.645 euros. Con unos desembolsos adicionales de gestión de 3.146 euros. Más muebles, con adquisiciones de mobiliario para el piso que costaron, al menos, 7.849 euros.

Al dinero gastado de las comisiones en vivienda hay que sumarle el uso de una tarjeta de crédito de Servinabar por parte de «Paqui» y su marido. Los extractos suman 33.574 euros y fue utilizada hasta el día antes de que estallase la «Operación Delorme» y se detuviese a la antigua mano derecha de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

El entramado de «indebidos pagos» de Acciona a Servinabar alcanzó los 6,7 millones de euros, en base a las estimaciones realizadas por la Guardia Civil en su último informe entregado al magistrado Leopoldo Puente. Los investigadores concluyeron que, más allá de este núcleo familiar de los «Cerdán León», figuran entre los beneficiarios tanto el exministro Ábalos como el que era su asesor, Koldo.

Todo comenzó con un ventajoso «acuerdo de colaboración» sellado en 2015 por la sociedad con sede en Pamplona y el exCEO de Acciona Justo Vicente Pelegrini, actualmente imputado en el Tribunal Supremo.

Este pacto, luego, se desarrolló y plasmó por escrito a través de un «memorándum de entendimiento» firmado en Madrid en 2018 por el aún director para la zona norte del país de Acciona, Tomás Olarte, (ya investigado ante el alto tribunal y que declarará el 3 de diciembre) y el gerente de Servinabar.

Pese a los indicios, Cerdán insiste en que la «interpretación» de estos hallazgos genera «mentiras y manipulaciones» sobre él.