Semana clave para avanzar en el reparto de 4.400 menores migrantes

Las comunidades autónomas se reunirán mañana, lunes, con el Ministerio de Juventud e Infancia con el objetivo de debatir y tratar de aprobar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias y Ceuta hacia otras regiones.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia fue convocada inicialmente para el pasado lunes, 28 de abril, pero se suspendió ese mismo día debido al apagón eléctrico, por lo que finalmente se celebrará mañana, a las 16:00 horas, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El objetivo de la cita, que estará presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es sacar adelante un acuerdo en diferentes puntos, alineados con el real decreto ley aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso el pasado 10 de abril.

La propuesta para el acuerdo de Infancia recoge cuestiones claves del mecanismo creado por el Gobierno, que supondrá el traslado de unos 4.400 menores, la mayor parte desde Canarias, durante el primer año y a partir del verano, informa Efe.

Gran oposición al reparto

El decreto da poder a la Conferencia Sectorial para cambiar varios de sus aspectos si así lo acuerdan las comunidades por unanimidad, algo poco probable, ya que existen una gran oposición de las regiones a esta cuestión, especialmente de las gobernadas por el PP.

La Comunidad de Madrid y Aragón han recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto y la segunda también ha recurrido ante la Justicia la petición de datos del Ejecutivo a las comunidades autónomas sobre cuántos menores extranjeros no acompañados acoge cada una y la propia convocatoria de la sectorial.

El mismo texto del real decreto ley especifica que, en el caso de que no haya acuerdo unánime en otro sentido, el Gobierno seguirá adelante con el mecanismo de redistribución según fue aprobado.

Este modelo fija por primera vez cuántos menores debe acoger cada comunidad en función de la población de cada región, lo que el texto denomina su "capacidad ordinaria".

Sin datos de menores y recursos

Este primer paso ya ha dado algunos problemas, ya que Aragón no ha facilitado los datos de cuántos jóvenes extranjeros no acompañados acoge y ha recurrido ante la Justicia este requerimiento y otras, como Madrid, no ha aportado exactamente lo que se pedía, por lo que el Ejecutivo trabaja con datos propios.

A la reunión de mañana el Gobierno no llevará una propuesta de cuántos menores debe acoger cada comunidad de los aproximadamente 4.400 jóvenes que se prevé derivar en el primer año, ya que considera que los criterios de distribución podrían cambiar en la propia sectorial.

Situación de emergencia

La propuesta que se debatirá mañana establece que cualquier comunidad podrá pedir al Gobierno que declare la situación de contingencia migratoria en su región cuando su ocupación exceda tres veces su capacidad ordinaria.

Declarada esta situación, cualquier menor extranjero no acompañado localizado en este territorio será inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior.

Y, a partir de entonces e independientemente de que haya certeza sobre su minoría de edad o no, se trasladará al joven a otra región en 15 días, según los criterios establecidos, después de que tanto él como la comunidad de destino hayan sido escuchados y se haya dado traslado al Ministerio Fiscal.

Criterios de reparto

El texto refleja los criterios fijados por el Gobierno para elegir el destino de los chicos, que están basados en los acordados con las autonomías en una Sectorial de 2022: población (50 %), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo de acogida (6 %), dimensionamiento del sistema (10 %), dispersión de la población (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 %).

La propuesta del Gobierno incluye un último punto, que determina que la capacidad ordinaria de los sistema de protección solo podrá prorrogarse durante un año, mediante real decreto y previo informe de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Después, se requerirá el acuerdo unánime de la Sectorial o, en su defecto, una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, previa propuesta del Gobierno. Y hace un último apunte: a partir del primer año de prórroga, sin acuerdo unánime de la Sectorial sobre la capacidad ordinaria de los sistemas de protección, la resoluciones del Estado derivadas de esta ley no serán de obligado cumplimiento para las comunidades.