El Supremo obliga al Estado a indemnizar al fiscal Stampa por la investigación que se abrió en su contra

El Tribunal Supremo ha confirmado que el Estado tendrá que indemnizar con 4.000 euros al fiscal Ignacio Stampa por el perjuicio causado con la investigación que abrió el Ministerio Público en su contra y cuya dilatación en el tiempo le impidió lograr una plaza en Anticorrupción. El alto tribunal desestima un recurso de la Abogacía del Estado y confirma el pronunciamiento de la Audiencia Nacional del pasado 13 de febrero.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso determina en una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN que no pueden admitir a trámite el recurso de los Servicios Jurídicos del Estado porque entienden que carece de fundamento suficiente y de interés casacional para la formación de jurisprudencia. Así pues confirma el pronunciamiento de la Audiencia Nacional que dio la razón al que fuera fiscal del caso Villarejo en su reclamación patrimonial al Ministerio de Justicia.

Stampa llevó a los tribunales la negativa del Gobierno a indemnizarle por daños a su carrera profesional y daños morales en relación con los hechos ocurridos en 2020, en plena investigación del caso Villarejo. Entonces, el demandante estaba destinado en comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción y se presentó a una provisión de plazas vacantes en este órgano donde lideraba una de las causas de corrupción más destacadas entonces.

El fiscal denunció que no obtuvo ningún voto en el Consejo Fiscal donde se dirimieron las plazas porque para entonces tenía unas diligencias abiertas en el Ministerio Fiscal por una presunta revelación del sumario del caso Tándem. En su demanda explicó que el fiscal a cargo de estas pesquisas quiso archivarlas tras investigar y constatar que no había indicios de delito alguno. No obstante, las mismas se dilataron durante meses por orden de la cúpula de la Fiscalía que entonces dirigía Dolores Delgado, para hacerlas coincidir con el Consejo donde se jugaba la plaza fija.

En concreto, el instructor de sus diligencias propuso el archivo de las mismas el 2 de octubre de 2020 y lo volvió a proponer a finales de mes. En ambas ocasiones, la Secretaría Técnica ( que entonces dirigía el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz) sugirió al fiscal instructor nuevas diligencias que éste rechazó, lo que motivó que el fiscal jefe de la Fiscalía Superior de Madrid avocara la instrucción de dichas diligencias. Las mismas se archivaron definitivamente el 16 de febrero de 2021. Este retraso propició su salida del caso Villarejo puesto que su comisión de servicio expiró sin que pudiera conseguir plaza fija.

"Las referidas irregularidades se habrían cometido por inspiración de la Fiscalía General del Estado y con la mediación de otros órganos del Ministerio Fiscal y ello al estar interesada la entonces titular de la Fiscalía General del Estado en el “caso Tándem” y querer apartar de su despacho al ahora recurrente mediante su exclusión del referido concurso a la Fiscalía Anticorrupción, como consecuencia de la no obtención de ninguna de las plazas a las que concurría", expuso la Audiencia Nacional.

El órgano estimó parcialmente el recurso del fiscal y expuso que se produjo una "dilación injustificada" de las pesquisas que le ocasionaron un daño que no tenía por qué haber soportado. "Es obvio que la existencia de estas diligencias y su prolongación en el tiempo tras las propuestas de archivo (seguidas de un archivo final) causa un daño moral al Fiscal. Daño que no tenía el deber de soportar desde el momento en el que tiene lugar la demora", expuso la Audiencia Nacional. Ahora, el Tribunal Supremo confirma el pronunciamiento, así como la obligación de pagar una indemnización de 4.000 euros.