El instructor del caso Koldo, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado entregar a la Asamblea de Murcia la información relativa a los presuntos "cobros ilegales" por parte de la supuesta trama a cambio de adjudicar las obras del AVE a la región, tal y como había reclamado el Parlamento autonómico, recordando que atañe a un asunto bajo investigación judicial.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Asamblea de Murcia trasladó a Puente el acuerdo alcanzado el 10 de noviembre por la comisión de investigación parlamentaria donde se trata de determinar "posibles perjuicios causados para la Región de Murcia derivados de las irregularidades en adjudicaciones de las obras de construcción de infraestructuras de alta velocidad".

El documento presentado el pasado 19 de noviembre y firmado por la presidenta del Parlamento autonómico, Visitación Martínez, exponía que se trata de "documentación precisa y relevante para el desempeño de la labor de investigación que tiene encomendada (la comisión) en un asunto de interés público comprendido en el ámbito de competencias de la comunidad autónoma".

Puente apunta a una "pieza separada" del caso Koldo

En una providencia de este lunes el instructor rechaza la petición de la sede legislativa recordando que el "expediente" que reclama "se corresponde en realidad con una parte de la pieza separada" del 'caso Koldo' donde investiga presuntos amaños de obra pública. En este sentido, explica que la ley establece que "las diligencias del sumario serán reservadas, de tal modo que las mismas, incluso cuando no se hubiera decretado el secreto, no tienen carácter público, al punto que la autoridad o funcionario público que revelara indebidamente su contenido podría incurrir en la comisión de un hecho delictivo".

"Todo ello, además, en protección de los derechos fundamentales de las partes, en particular de los investigados en la presente causa especial", suma el magistrado del alto tribunal. Recuerda asimismo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aclaró en 2023 sobre las comisiones parlamentarias que "los jueces y magistrados no podrán revelar por escrito, o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieren tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional".