El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha situado a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera al borde de la imputación por la contratación "irregular y caprichosa" de Jessica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, a remitir los indicios contra ella al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para que decida si debe ser citada a declarar como investigada.

Además, el instructor del "caso Koldo" cita a declarar como testigo a la exmiss Asturias Claudia Montes, que fue también pareja de José Luis Ábalos, quien según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail SA, vinculada al Ministerio de Transportes" por "la influencia" del exministro Ábalos "y con la relevante colaboración" del que fuera su asesor, Koldo García. Montes, subraya en la resolución en la que acuerda la medida, formaba parte del "círculo personal" de Ábalos, por lo que su comparecencia es necesaria para que "contribuya a esclarecer las circunstancias de dicha contratación".

El magistrado cita igualmente como testigo al empresario César Moreno, socio de Víctor de Aldama, porque puede contribuir a esclarecer "las pretendidas entregas periódicas de diez mil euros mensuales" del comisionista o personas de su entorno a Koldo García. Puente le advierte de que, aunque acudirá como testigo, deberá comparecer con abogado al estar imputado en la causa original del "caso Koldo" que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.

"Relevante participación"

En esa batería de diligencias tras el parón de la Semana Santa, el juez ordena asimismo a la UCO que investigue posibles irregularidades en las adjudicaciones de obras públicas señaladas por Aldama en diversa documentación aportada al Supremo.

Puente remite a la Audiencia Nacional la documentación aportada por Ineco y Tragsatec para justificar la contratación de Jessica Rodríguez, su declaración como testigo en el Supremo y parte del informe de la UCO sobre esas contrataciones para que el juez Ismael Moreno si llama a declarar como imputada a Pardo de Vera.

Y es que según el magistrado del alto tribunal existen indicios bastantes para considerar que Isabel Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente" por Ábalos, "quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa" Koldo García, "sin que, además, aquella, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna".

Para alcanzar estas conclusiones el instructor considera "particularmente reveladoras" los mensajes intervenidos entre Pardo de Vera y el entonces asesor de Ábalos, de las que da cuenta en su informe la Guardia Civil.

Descarta citar como testigo a Marlaska

En su resolución, Puente justifica que no adopte él mismo la decisión sobre imputar o no a la expresidenta de ADIF en la doctrina del Supremo sobre la investigación a aforados, que debe estar presidida -recuerda- por criterios "restrictivos". Por lo que solo debe extenderse, recalca, más allá de los hechos supuestamente delictivos que se atribuyen a la persona aforada, a aquellos otros en los que se aprecie "una conexión material inescindible". Algo que no advierte en este caso.

En relación a las adjudicaciones que Aldama sitúa bajo sospecha, Puente quiere que la UCO investigue las que figuran subrayadas en fluorescente en los documentos aportadas por el comisionista de la "trama Koldo" para que identifique a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas obras y fiscalice el procedimiento seguido en cada caso (con sus correspondientes rectificados).

El magistrado toma esta decisión después de que un informe caligráfico certificase que las anotaciones junto a algunas obras en los documentos aportados con Aldama fueron escritas por Koldo García, tal y como mantenía el empresario.

Sin embargo, Puente rechaza por no ser "pertinentes, útiles ni necesarias" todas las diligencias solicitadas por la defensa de Ábalos, entre ellas la citación como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario de Estado Rafael Pérez Ruiz.

El exministro de Transportes solicitó estas declaraciones después de que la UCO reseñase en un informe que Interior también adquirió durante la pandemia mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama. Pero el instructor replica que hasta ahora no se ha identificado "irregularidad alguna" en esa adjudicación, por lo que desestima esas testificales.