El amago del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, de impedir a la Audiencia de Sevilla acudir a la Justicia europea para que revise si las sentencias que anulan las condenas por el fraude de los ERE son acordes con el derecho comunitario ha activado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según las fuentes jurídicas consultadas, esa actuación ha puesto en guardia a la corte de Luxemburgo, que impulsará el procedimiento para resolver previsiblemente en otoño la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas en relación con el desvío de fondos del «procés» y su posible incidencia en los intereses financieros de la Unión Europea.

Según esas mismas fuentes, la intención del presidente del TJUE, Koen Lenaerts, es que la vista de este procedimiento –en la que las distintas partes expondrán sus argumentos– se celebre en Luxemburgo a principios del próximo julio. El ponente es el magistrado alemán Thomas Von Danwitz. Ese calendario apunta a que las conclusiones del Abogado General del TJUE, Dean Spielmann, se podrían conocer en septiembre, lo que despejaría el camino para que la cuestión prejudicial se resuelva entre los meses de octubre y noviembre.

Si, como parece, el Tribunal Constitucional alumbra la primera sentencia sobre la amnistía –la que resolverá el recurso del PP contra la norma– antes del verano, la actuación de la Justicia europea supondría un balón de oxígeno para el Supremo en su renuencia a amnistiar tanto a los condenados por el «procés» (quienes, como Oriol Junqueras, tras ser indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez están aún pendientes de desembarazarse de las penas de inhabilitación que les impiden ser candidatos) como a los fugados ya procesados por el magistrado Pablo Llarena, con Carles Puigdemont a la cabeza.

La respuesta del Supremo

En esa tesitura, tanto el juez Llarena como la Sala de lo Penal –a quienes, una vez el TC se pronuncie sobre la ley, acudirán condenados y procesados por el proceso independentista en Cataluña para reclamar la aplicación de la amnistía– podrán invocar que ese procedimiento está en marcha y supeditar su decisión a la resolución que finalmente se adopte o bien optar directamente por plantear una cuestión prejudicial que paralizaría la aplicación de la amnistía. A expensas de saber, eso sí, qué sucedería con las medidas cautelares que impiden a Puigdemont regresar a España, al seguir en vigor las órdenes nacionales de detención y prisión contra el líder de Junts.

Aunque todo apunta a que las cautelares tendrán que dejarse sin efecto si el TC, como parece, concluye que la amnistía es constitucional, estas mismas fuentes apuntan a LA RAZÓN que si el juez Llarena las mantiene «estará amparado por el derecho europeo frente a un procesado en busca y captura que no ha colaborado con la Justicia».

««La intervención de Conde-Pumpido con los ERE ha desencadenado el efecto reflejo del Tribunal de Justicia de la UE –apuntan fuentes del propio Tribunal Constitucional–, actuando como un catalizador del procedimiento para resolver la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas». Y es que, ponen de relieve, el tribunal europeo «reacciona así al sentirse cuestionado por el presidente del TC en lo que es su cometido esencial: la cuestión prejudicial».

«Aunque el Tribunal Constitucional considere que la Ley de Amnistía es conforme a la Constitución –hacen hincapié–, si Luxemburgo ve incompatible el desvío de fondos con la necesaria protección de los intereses financieros de la Unión prevalecerá la interpretación del TJUE en aplicación del principio de primacía del derecho de la Unión».

Malversación y terrorismo

Quienes consideran que ese desvío de fondos sí puso en riesgo los intereses financieros de la UE ponen de manifiesto que, más allá de que la efímera proclamación de independencia de Cataluña supusiese amenaza para los fondos comunitarios, el hecho de desviar fondos públicos estatales, «al estar integrados dentro de los comunitarios» (sin necesidad, puntualizan, de que se nutran de las arcas de la Unión) ya supone una afección de los intereses financieros de la UE.

De cumplirse estas previsiones, la resolución –una de las que marcarán el ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía junto a la que planteó la Audiencia Nacional en relación al terrorismo que imputa a los CDR que también se pretende amnistiar– se resolvería en menos de año y medio frente a los dos años que suele demorarse normalmente la respuesta del TJUE a una cuestión prejudicial. Una celeridad inusual indicativa del interés del Tribunal de Justicia en pronunciarse sobre las posibles aristas de la polémica ley que cuestionan tribunales españoles como el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el propio Tribunal de Cuentas.

Este último paralizó el procedimiento contable abierto contra una treintena de ex altos cargos de la Generalitat –entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras– por el supuesto desvío de 3,4 millones de fondos públicos para financiar el proceso independentista para que el TJUE dirima si amnistiar estas conductas choca frontalmente con la normativa comunitaria en la lucha contra el fraude que afecte a los intereses de la Unión.

La abogada del Estado ante el TJUE, ex alto cargo de Moncloa

Si, como apuntan las fuentes consultadas, el tribunal europeo convoca en julio –antes de interrumpir por las vacaciones de verano su actividad jurisdiccional–, el TJUE escuchará las intervenciones de las defensas de los encausados, de la Fiscalía, Abogacía del Estado (que cierra filas con la posición del Gobierno sobre la amnistía) y de la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC), que se opone a que los ex altos cargos de la Generalitat sean amnistiados por estos hechos.

En representación de los Servicios Jurídicos del Estado intervendrá Andrea Gavela, abogada del Estado jefe ante el TJUE. Gavela fue directora adjunta del Gabinete de Presidencia del Gobierno entre junio de 2018 (tras ser investido jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez a consecuencia de la moción de censura contra Mariano Rajoy) y enero de 2020. En esta fecha fue elegida subsecretaria de Cultura con Rodríguez Uribes como ministro, llegando a formar parte del Patronato del Teatro Real.

Pero será, como se ha apuntado, el Abogado General ante el TJUE, el luxemburgués Dean Spielmann, quien defienda las conclusiones sobre la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que normalmente asume el tribunal europeo. Fuentes jurídicas señalan que la propuesta de resolución del expresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) «será un castañazo gordo a la Ley de Amnistía por incumplir preceptos europeos sobre la protección de los intereses financieros comunitarios».

En la cuestión prejudicial elevada al TJUE, el Tribunal de Cuentas enumera hasta ocho posibles choques de la Ley de Amnistía con el derecho comunitario que persigue la corrupción política. Desde lo que dispone en la lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses de la UE hasta el principio de cooperación leal, los de igualdad y no discriminación, el principio de seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la primacía del Estado de Derecho, entre otros.

Ante esas dudas, el organismo contable dejó en suspenso las peticiones de los encausados de que se les aplique la Ley de Amnistía, que reclamaron el mismo día que entró en vigor la norma, el 11 de junio del pasado año.