Torra impulsará de inmediato el proyecto de «Constitución catalana»

Amenaza con aprobar en el Parlament las leyes suspendidas por el TC si Sánchez no mueve ficha.

El president Quim Torra anunció ayer uno de los grandes compromisos del independentismo: el impulso inmediato de un organismo para empezar a trabajar en una hipotética «Constitución catalana», la piedra angular de la «República» que vende el Govern para una legislatura «de cuatro años». Un anuncio que llega a las puertas de un nuevo «otoño caliente», con el aniversario del 1 de octubre en la agenda y las conversaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez condicionadas totalmente por el juicio a los dirigentes soberanistas presos.

La fórmula que ha ideado el independentismo para impulsar la Carta Magna de la futura «República catalana» es algo confusa y está inspirada en los procesos participativos que promueve la nueva izquierda. Se trata de un Foro Social, Cívico y Constituyente, que se pondrá en marcha «antes del 15 de octubre» y que dependerá políticamente de Elsa Artadi, la persona de referencia de Carles Puigdemont en la Generalitat.

Pese a sorprender con este nuevo pulso en plena «operación deshielo» con el Gobierno, Torra no quiso revelar más detalles y se limitó a decir que el foro será de carácter consultivo, estará abierto a la ciudadanía, tendrá delegaciones en todas las veguerías catalanas y se convertirá en la «fase cero» de una Carta Magna a validar en referéndum. Además, está previsto que el Govern apruebe en pocos días el nombramiento de su órgano rector responsable.

Eso sí, Torra puso el acento en el presunto «carácter social» del organismo y aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no impugnará «un foro» pensado «para debatir». «Y si pasa, ¿cómo pretenden que votemos unos presupuestos?», lanzó Torra a Pedro Sánchez vinculando el embrionario proyecto de la «Constitución catalana» con las cuentas a negociar con el PSOE para 2019. «Es evidente que si no hay ningún movimiento del Estado a lo que hemos puesto sobre la mesa, es imposible votar a favor», ahondó sin desgranar más reivindicaciones que el referéndum y la situación de los dirigentes soberanistas presos.

Si la Constitución catalana es el gran destino del gobierno de Torra, la siguiente parada en el camino independentista son las leyes sociales tumbadas por el Tribunal Constitucional. El president presionó ayer al Ejecutivo de Sánchez, al que pidió levantar los recursos sobre las normas catalanas suspendidas, y si no lo hace amenazó con llevarlo a cabo de forma unilateral en el Parlament. «Seguiremos adelante para recuperar la legislación más progresista que se ha aprobado nunca en el país», resumió.

Pese a que dio por acabado el llamado «proceso de restitución» del Govern tras la aplicación del artículo 155, Torra fijó un tercer objetivo para la legislatura: «La restitución del president Puigdemont», otro de los argumentos clave del relato independentista. También destaca el nombramiento del responsable de la «oficina de derechos civiles y políticos» y la organización de una «marcha por la libertad» para presionar ante el juicio a los líderes presos.

De fondo, el objetivo de Torra sigue siendo la consulta de secesión pactada con el Estado
–«quizás aquí también se perdería», dijo haciendo referencia al caso de Escocia– y, sobre todo, la situación de los dirigentes encarcelados. «Considero que no tendrían que pedir un indulto». «Sería aceptar un delito y ellos no tienen que defenderse de nada», respondió Torra a la propuesta lanzada este fin de semana por la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.