La trastienda del "procés": Fiscalía pide prisión para los peones de Junqueras en Economía

Los hombres de confianza de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía de la Generalitat a los que recurrió para impulsar los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y las "estructuras de Estado" necesarias para una Cataluña independiente se enfrentan ahora a penas de prisión por esa labor de intendencia soberanista.

La Fiscalía solicita una condena de siete años de cárcel para Josep Maria Jové, exsecretario general del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda que dirigía el líder de ERC, y de seis años y tres meses para Lluís Salvadó, entonces secretario de la conselleria por delitos de malversación agravada, desobediencia y prevaricación y reclama, además, que reintegren al erario público 754.920,89 euros "por el perjuicio patrimonial causado". El Ministerio Público solicita además una pena de 32 años de inhabilitación y el pago de una multa de 30.000 euros para Jové, en la actualidad diputado de ERC, y de 27 años de inhabilitación para Salvadó, que ahora preside el Puerto de Barcelona.

La Fiscalía también pide que se condena a la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, que en esas fechas era directora del departamento de Economía, pero no a prisión (está imputada solo por desobediencia, delito que no lleva aparejadas penas de cárcel), sino a un año de inhabilitación y al pago de una multa de 18.000 euros.

Los fontaneros de la hoja de ruta independentista

En su escrito de acusación, el fiscal Pedro Ariche sostiene que Jové, Salvadó y Garriga eran "personas de la máxima confianza" de Junqueras y destaca que ambos tenían a sus espaldas una "larga trayectoria en la asunción de responsabilidades relevantes" en ERC (Jové preside todavía el Consell Nacional de la formación republicana), por lo que "se hallaban plenamente comprometidos con el programa electoral redactado por la coalición de partidos que formó gobierno".

Una hoja de ruta acordada por los partidos políticos integrados en la coalición Junts pel Sí que, recuerda el fiscal, "iba directamente dirigida a la final declaración de independencia y apertura de un proceso constituyente", lo que se posibilitaría a través de la denominadas "estructuras de estado"

Desde sus respectivas responsabilidades en el ámbito de la Administración autonómica, sostiene el fiscal, Jové y Salvadó "en ejecución de la hoja de ruta ideada para quebrar el orden constitucional" tomaron la decisión "de llevar a la práctica" las programadas "estructuras de estado" y, de modo paralelo, "conseguir una suficiente financiación para cuando Cataluña alcanzase la independencia.

Malversación agravada

Para alcanzar dicho objetivo, así como para "forjar futuras complicidades" con el proyecto independentista, impulsaron incluso "diversas presentaciones ante otros estados y organismos, de los que en su momento se pretendía obtener recursos económicos".

El relato del Ministerio Público dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que será el encargado de juzgarlos, que como coordinador ejecutivo del referéndum desde julio de 2017 y responsable del área de "procesos electorales y consultas populares", el entonces "número dos" de Economía "solo por debajo del propio conseller", Oriol Junqueras, Jové "tuvo directa participación en el ilícito compromiso de los fondos públicos" para financiar el referéndum soberanista.

Jové fue el encargado, "en solitario o con el auxilio de terceras personas", de redactar el documento denominado EnfoCATs, el cual es, como en el mismo se indica, una "propuesta estratégica" dirigida a "reenfocar el proceso de independencia para un resultado exitoso". El entonces "número dos" de Economía recogió por escrito el día a día de la "fontanería" del proceso soberanista en una agenda Moleskine que fue intervenida policialmente (y que Jové no reconoce como suya).

Objetivo: "Diluir la responsabilidad"

En los meses anteriores a la realización del referéndum ilegal, "como quiera que el Govern de la Generalitat ya había decidido celebrarlo, con o sin anuencia del Estado" -asegura el fiscal-, "comenzaron los preparativos para llevarlo a cabo, destinando para ello fondos públicos con los que hacer frente a los gastos que su ejecución comportaba". Entre ellos, los relativos a "material electoral, campañas de publicidad, aplicaciones informáticas, locales para el recuento" y, también, las actividades que se desarrollaban en el exterior, a través de Diplocat, "para buscar apoyos internacionales y obtener reconocimiento en instancias supranacionales", las campañas de publicidad institucional o las dirigidas a conseguir el voto de los catalanes residentes en el extranjero.

El escrito de la Fiscalía señala que la estrategia que siguió la Generalitat fue "contar con la actuación de varios departamentos" con el objetivo de "diluir la responsabilidad individual en cuanto a las resoluciones, actuaciones y expedientes administrativos tramitados para autorizar el gasto, y para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado".

Como responsable del área de procesos electorales, Jové impulsó el programa de publicidad institucional del 1-O, el suministro de papeletas, censo electoral y citaciones a los integrantes de las mesas electorales -con un coste previsto de 979.661 euros y que la intervención de la Guardia Civil con el registro de la nave de Unipost impidió que se distribuyera- y la confección del censo electoral para dotar al referéndum de una "mínima apariencia de legitimidad".

El andamiaje para una Hacienda catalana

"A pesar de la acción desplegada bajo la dirección y supervisión" de Jové para poder disponer de un censo electoral, con el que se pretendía obtener una apariencia de legitimidad institucional frente a terceros para llevar a efecto la votación acordada, "la acción policial evitó que el mismo pudiera ser utilizado", lo que obligó a la Generalitat a instaurar el "censo universal" a última hora, recuerda el fiscal.

Los hechos que imputa la Fiscalía a Salvadó hacen relación al intento de constituir una Hacienda catalana "como nueva estructura de estado". Su actuación, precisa, estuvo en todo momento "bajo la directa supervisión" de Jové.

El objetivo del programa que se diseñó desde su departamento era comenzar a "tramitar, gestionar y recaudar" desde septiembre y octubre de 2017 "la totalidad de los tributos del sector público de Cataluña por la Agencia Tributaria de Cataluña, a la que, con tales atribuciones unilateralmente asumidas, se venía a conferir de modo pleno el pretendido carácter de estructura de estado”.

Se trataba de conseguir "fuera de las vías legales una mayor capacidad de gestión y recaudación por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña de tributos que no habían sido objeto de cesión alguna por parte del Estado".