El Tribunal Supremo avisa a Sánchez: fiscalizar su labor es "incompatible" con el respeto a la independencia judicial

El Tribunal Supremo (TS) ha reaccionado de forma oficial a la tramitación de la ley de amnistía anticipada por el pacto entre PSOE y Junts per Catalunya, que incluye la fiscalización parlamentaria de la labor jurisdiccional en la aplicación de la medida de gracia para evitar casos de "lawfare", la supuesta utilización de la Justicia con fines políticos que denuncia el independentismo.

De forma unánime, la Sala de Gobierno del alto tribunal enfatiza en un comunicado la "necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones".

Una defensa de la independencia judicial que, añade, ve "incompatible" con "la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado", en referencia expresa a los términos del acuerdo del PSOE con Carles Puigdemont para hacer presidente a Pedro Sánchez.

Ante la intención de la ley de amnistía de dejar en papel mojado la actuación judicial contra los líderes del "procés", el Supremo hace hincapié en que el ejercicio de la función jurisdiccional "se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley".

Asimismo, el contundente comunicado -que se une a la reacción en contra de esos acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de todas las asociaciones de jueces y fiscales, entre otras- recuerda que "el Estado de derecho, en el que se fundan la Unión

Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes".