El Tribunal Supremo reafirma la neutralidad política de las universidades en Cataluña

El Tribunal Supremo (TS) reafirma su jurisprudencia sobre la neutralidad política de los claustros universitarios catalanes. En un auto, ha confirmado la condena a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) por vulneración de derechos fundamentales al realizar una declaración política contra el procesamiento de Andreu Mas-Colell, el exconsejero de Economía del gobierno de Artur Mas. El alto tribunal ha inadmitido a trámite el recurso de casación interpuesto por dicho centro contra la condena en su contra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que consideró que dicho pronunciamiento vulneraba la libertad ideológica y de expresión de sus profesores.

La condena, que ahora es firme, se produjo por la declaración de marcado contenido partidista aprobada por parte del Claustro de la UPC. En su contenido se cuestionada el procesamiento de Andreu Mas-Colell.

Para Universitaris per la Convivència, organización que impulsó la demanda contra el centro universitario, esta resolución supone la consolidación del criterio de defensa de la neutralidad política de los claustros y del entorno universitario.

“Es una ratificación de una jurisprudencia que ya viene manteniendo el Tribunal Supremo sobre este tema y que es una larga batalla nuestra: nos hemos movido muchísimo, hemos recogido firmas, hecho manifiestos, hemos denunciado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo...” explica a LA RAZÓN Isabel Fernández Alonso, portavoz de la organización, que destaca que en esta lucha ante los tribunales, los profesores han ido ganando sucesivamente.

Con esta inadmisión del recurso de casación, el Supremo “ratifica el deber de neutralidad de las universidades públicas, reiteradamente vulnerado por las universidades catalanas”, señala la organización.

Los magistrados del alto tribunal ya se habían pronunciado sobre el fondo del asunto en una sentencia anterior, de 2022, que fue resultado de otra demanda de Universitaris per la Convivència contra la Universidad de Barcelona (UB). En la misma, se declaraba que ni las universidades públicas ni el claustro universisario, como órgano de gobierno representativo de “una comunidad universitaria plural” pueden adoptar acuerdos "que se refieran a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la Universidad y que dividen a la ciudadanía”.

A esta resolución, se suman otras anteriores en las que ya resultaron condenadas las universidades Pompeu Fabra y Oberta de Catalunya, en ambos casos, en aplicación de la legislación electoral, igualmente vulnerada por la aprobación de declaraciones políticas.

Desde Universitaris per la Convivència agradecieron la valentía, coraje y paciencia de los seis profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña que promovieron la defensa de “las libertades de todos en el ámbito universitario frente a los abusos de las autoridades académicas”.

También se mostraron confiados en que a partir de ahora se respeten los derechos fundamentales de sus profesores y alumnos y que las universidades catalanas “se abstengan de asumir posiciones políticas partidistas” que no son propias de instituciones de sus caractéristicas y que,por definición, deben tener neutralidad ideológica y garantizar las libertades individuales “de todas y cada una de las personas que las integran”.