El PP tumba los objetivos de déficit del Gobierno, pero Montero anuncia que va a elaborar los Presupuestos

El PP ha tumbado nuevamente los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno en el Senado y eso abre un escenario inédito y lleno de dudas jurídicas porque los Presupuestos para 2024 han quedado en un limbo legal. Los populares sostienen que, sin objetivos de déficit, no se pueden elaborar los Presupuestos, pero la vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado que sí que va a iniciar el diseño de las cuentas. La causa de este choque jurídico está en la interpretación que hacen unos y otros sobre el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En todo caso, no solo el PP alberga dudas jurídicas sobre la viabilidad de la elaboración de los Presupuestos sin haberse aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado. También el PNV ha dado señales de que tiene dudas porque ha pedido a Montero el informe de la abogacía del Estado que avala la posibilidad de diseñar las cuentas. La vicepresidenta se escuda en ese informe para elaborar los Presupuestos. Los objetivos de estabilidad presupuestaria incluyen la senda de déficit y de deuda hasta 2026 y es un paso imprescindible para elaborar los Presupuestos.

¿Por qué da su "no" el PP a los objetivos de déficit? Porque habían hecho una serie de peticiones, pero el Gobierno se ha negado a negociarlas. Esencialmente, el PP pedía una rebaja de impuestos y una mayor capacidad de gasto para autonomías frente al Estado. El propio senador popular Gerardo Camps se ha encargado de recordar las exigencias que planteaban para poder dar su "sí" a los objetivos de estabilidad presupuestaria: repartir de forma más equilibrada los objetivos de déficit entre el Estado, que asumiría el 90%, y las Comunidades Autónomas, que cargarían con el 10%, ya que ahora se lo queda casi todo el Gobierno y esa es una reivindicación que hacía Montero cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía; un compromiso de "respeto a la autonomía fiscal" de las autonomías ya que el PP denuncia que el Gobierno quiere imponer impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, que son de competencia autonómica; aprobar un fondo de asignación de recursos de 16.000 millones de euros para que las autonomías puedan atender necesidades en sanidad, educación y servicios sociales; y, rebajas del IVA a pescado, carne y conservas, además de gas y luz. "¿Tan descabelladas resultaban para usted las propuestas del PP?", ha preguntado Camps. "Votamos que 'no' al gasto público disparatado, a subir impuestos, al crecimiento de los costes laborales, a la caída de la inversión, a mayor desigualdad o a la ausencia de reformas", ha resumido Camps.

Sin embargo, Montero ha replicado que el "PP ha intentado disfrazar esta negativa" a los objetivos de estabilidad presupuestaria "con una engañosa oferta de diálogo" ya que "propone una bajada indiscriminada de impuestos". "Fíjense cuál es la contradicción: no tiene ningún tipo de sentido el vincular bajadas de impuestos a tener mayor margen de gasto", ha señalado la vicepresidenta, y ha lamentado las bajadas de impuestos en las autonomías gobernadas por el PP con la supresión de Patrimonio porque afectan a un porcentaje muy pequeño de la población y va, a su juicio, en detrimento de la recaudación. "Que venga papá Estado y me compense esa recaudación que yo he dicho que se baje pero que posteriormente exijo", ha señalado Montero, quien ha asegurado que se van a aplicar los objetivos de déficit y de deuda que se enviaron en abril a la Comisión Europea.

Más tarde, fuentes del PSOE han querido cuantificar qué supone económicamente el voto en contra del PP a los objetivos de déficit: "Su negativa supondrá una pérdida de casi 1.500 millones de euros para las comunidades autónomas, un montante que asciende a alrededor de 5.000 millones si sumamos lo que perderán los ayuntamientos". Sin embargo, el PP aspira precisamente a más dinero ya que esos cálculos del Gobierno se basan en que la senda de estabilidad que quiere aprobar el Gobierno en las Cortes es ligeramente menos restrictiva que la que se envió en abril a Bruselas: para las autonomías, el déficit pasa del equilibrio (0%) al 0,1%; para los ayuntamientos, pasa del superávit (0,2%) al equilibrio (0%). Los populares quieren que autonomías y ayuntamientos tengan más margen de gasto en detrimento del Estado, que se queda el 97% de toda la capacidad de déficit de las administraciones públicas.

Los socialistas tratan de interpelar a los presidentes autonómicos del PP para tratar de hacerles ver que Alberto Núñez Feijoó se ha equivocado: "Para la Comunidad de Madrid supondrá un perjuicio de más de 284 millones de euros, siendo de 277 millones para Cataluña o de 195 para Andalucía. La Comunidad Valenciana perderá 137 millones; el País Vasco, 86; Galicia, más de 75: Castilla y León, 69; Canarias, 53; Castilla-La Mancha, 50; Aragón, alrededor de 45. El resto de autonomías, como Murcia (38 millones); Baleares (38 millones); Asturias (28 millones); Navarra (24 millones); Extremadura (24 millones); Cantabria (16 millones); o La Rioja (10 millones), también quedarán perjudicadas", señalan las fuentes socialistas. "¿Están de acuerdo con esto Moreno Bonilla o Díaz Ayuso? ¿Y el resto de presidentes autonómicos del PP?", plantean, y critican a Feijóo por "hacer suya la política de tierra quemada y el cuanto peor, mejor".