Hasta ayer no existía ningún indicio de que Begoña Gómez pudiese haber intervenido en la negociación entre Globalia y el Gobierno que preside su marido que culminó en el rescate de Air Europa.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló este miércoles que el entonces CEO del grupo empresarial, Javier Hidalgo, en un momento en que se veía complicado que el Consejo de Ministros diese la millonaria ayuda pública a la aerolínea, estando «muy jodido» y «buscándose la vida» –como contó Víctor de Aldama a Koldo García en un wasap–, recurrió a la esposa del presidente del Gobierno.

A Gómez la conocía de la etapa en que ella dirigía el Africa Center en el Instituto de Empresa que incluyó incluso viajes compartidos a eventos de la Organización Mundial del Turismo de los que hay fotos posando juntos.

De hecho, una de las filiales de Globalia, Wakalua, pactó en un primer momento poner para el ente que dirigía Gómez 40.000 euros a modo de patrocinio.

En el seno de las acusaciones populares del «caso Koldo», según ha podido saber LA RAZÓN, tienen claro que es necesario que la mujer de Sánchez acuda al Tribunal Supremo para declarar como testigo.

Dado que el juez Leopoldo Puente indaga si hubo actos de tráfico de influencias y corrupción detrás de que se diese el visto bueno a la financiación de más de 400 millones de fondos públicos que recibió la compañía aérea.

Pero tiene que ser el abogado del PP el que presente el escrito reclamando la comparecencia de Gómez al ser el que lidera la acusación popular unificada.

Una de las acusaciones, Hazte Oír, traslada a este diario que ve «clarísimo» la procedencia de que se le practique una testifical a Gómez después de que los investigadores hayan constatado que Hidalgo habría «valorado otras vías alternativas» para lograr el rescate y que una de ellas fue, precisamente, la mujer del presidente.

Esta asociación ya pidió en noviembre al instructor del «caso Koldo» en la Audiencia Nacional que se le citase. Lo reclamó a raíz de la declaración-confesión de Aldama, en la que aseguró que la esposa del también líder del PSOE se reunió con Teresa Ribera, la ahora vicepresidenta de la Comisión Europa para intentar impulsar un proyecto de Wakalua a ejecutar en la España vaciada en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica.

La propia antigua directora de esta compañía de Globalia, Leticia Lauffer, confirmó en su comparecencia en el Senado que estuvo con Gómez e Hidalgo en hasta seis «reuniones» entre 2019 y 2020, lo que coincide con la época del rescate, y en una de ellas «fue por la España vaciada».

El visto bueno del PP, como líder de la acción popular, es imprescindible para reclamar su citación

Hasta el propio Hidalgo, cuando pasó por la comisión de investigación de la Cámara alta, aprovechó para aclarar que «es falso que manifestara no haberme reunido con la señora Gómez».

No hay que olvidar que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta de facto una línea de investigación sobre la posibilidad de que la mujer de Sánchez influyese en que Air Europa finalmente fuera rescatada en noviembre de 2020 teóricamente para evitar su quiebra ante las restricciones mundiales de la movilidad que impuso la Covid.

El instructor de la causa contra Gómez espera un nuevo informe de la UCO, que está en una fase muy avanza de elaboración, en torno al expediente de la ayuda económica que se otorgó a la compañía aérea a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

La Fiscalía reclamó al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que dejase sin efecto las pesquisas que sobre el rescate de Air Europa encargó a los agentes apoyándose en que la Audiencia Provincial de Madrid dejó el asunto fuera del objeto del procedimiento.

El juez Peinado se agarró a la puerta abierta que dejó esta instancia superior de retomar las diligencias sobre ello si aparecían hechos «nuevos y de signo incriminatorio».

Justamente, defendió Peinado, espera el resultado del trabajo de los investigadores para la «acreditación de hechos nuevos» en torno al rescate.

En el auto en que respondió al Ministerio Público, incluso defendió que no puede dejar a un lado la indagación en la millonaria subvención porque podría suponer el pasar «por alto la comisión de hechos delictivos» y, al mismo tiempo, que él mismo incurriese en una omisión de su deber de perseguir ilícitos penales.

Un incumplimiento que, siendo una autoridad, señaló el propio instructor, podría «ser constitutivo de una infracción penal» por su parte, que vinculó con un delito de «prevaricación».

Como otra novedad, el instructor citó ayer al «asesor» de la cátedra de Gómez y profesor de un máster que contactó con Google, según la ex CEO, para que financiasen el software, y a otro directivo de la tecnológica en que esta derivó la responsabilidad.