Ni Diego Solier ni Nora Junco se imaginaban, cuando accedieron a ocupar los puestos dos y tres de la lista de Se Acabó la Fiesta (Salf) en las últimas elecciones europeas, que acabarían convirtiéndose en eurodiputados.

Dejaron sus trabajos en la empresa privada –él como directivo en una multinacional farmacéutica, y ella como socia de una empresa de comunicación y eventos– y se embarcaron hacia Bruselas en septiembre.

Pero lo que de verdad nunca pudieron prever es que el líder de la lista por la que fueron elegidos, Luis «Alvise» Pérez, y en el que creían como motor de cambio y regeneración, acabaría siendo la persona «mentirosa» e «incapaz» que ahora saben que es. Solier, incluso, ha tenido que denunciarle por acoso, siguiendo la recomendación de la seguridad del Parlamento Europeo.

Desde diciembre, ninguno de los dos mantiene relación alguna con él. Por eso, como explican ambos en exclusiva a LA RAZÓN, han decidido emprender un nuevo camino como los únicos dos parlamentarios españoles del Grupo Conservador y Reformista (ECR), el cuarto de la Eurocámara.

Sin embargo, para todos, la pregunta sigue siendo, ¿qué ocurrió para que se viesen obligados a romper con Alvise, denunciando la persecución a las que les viene sometiendo? He aquí la respuesta.

Todo empezó a mediados de 2024, Junco conocía al entonces –solo– activista «de amigos en común y de Madrid». Un día acudió al estudio de grabación de su compañía para realizar un podcast y aprovechó para pedirle a ella ayuda con su campaña para los comicios comunitarios, a los que le reveló que pensaba presentarse.

Como explica Junco, y confirma Solier: «Sin mi trabajo y el de otras personas, Alvise no se habría podido presentar. Nos encargamos de todo, avales para la agrupación electoral, conseguir 63 candidatos, imprimir las papeletas...».

Por eso, ella dice que sí que puede confirmar, de primera mano, que lo que indaga el Tribunal Supremo «no es así». Los 100.000 euros que le dio el empresario Álvaro Romillo no fueron a parar a los gastos de la campaña, como se cree, y por lo que el TS investiga si se pudo cometer un delito de financiación ilegal.

«Se los gastaría en él, porque te puedo decir que la campaña fue menos de 40.000 euros, se pagó antes, y yo aboné hasta el alojamiento en Valencia, tras un mitin», detalla la que fuera su número tres en la candidatura europea de Salf.

Precisamente, este pago en efectivo de Romillo fue lo que, principalmente, hizo volar por los aires su confianza en Alvise. Cuando lo confesó el empresario ante Fiscalía, ambos le pidieron explicaciones y le preguntaron: «¿Hay algo más que debamos saber?».

Él les dijo que no, que iba a regularizar ese montante, pagando a Hacienda en una declaración complementaria. Ni 24 horas después –recuerdan– apareció en los medios un audio en el que el político le ofrecía favores futuros a Romillo, a cambio de esos billetes.

La situación, entonces, se volvió insostenible. Ni Solier ni Junco le toleraron esa «mentira», y tampoco que, mientras su bandera fuese la lucha contra la corrupción, cogiese dinero «por detrás».

Por ello, tuvieron claro que no era «la solución» a los problemas que atraviesa este país y, a nivel personal, decidieron «que no querían tener más que ver» con Alvise.

«Es una persona poco confiable, un encantador de serpientes, según pasamos tiempo con él nos dimos cuenta de cómo era en realidad». Los dos eurodiputados, que ahora forman la delegación española de ECR, lo definen como una persona que juega con el «victimismo para ganarse a la gente», pero que, a la hora de la verdad, para intentar sacar adelante cambios en las instituciones que repercutan en la sociedad civil no tiene la «capacidad de trabajo o de concentración» mínima necesaria.

Comprobarlo, les hizo estar seguros de que lo único que le movió para buscar un escaño en la Eurocámara fue «lograr la inmunidad», que próximamente el resto de europarlamentarios votarán levantarle. Es el paso previo para autorizar que sea investigado en las tres causas que acumula ya en el Alto Tribunal, donde está aforado.

Junco confirma a este periódico dos extremos que derrumban la imagen pública que se ha ido formando entre los más de 700.000 seguidores que aglutina en su canal oficial de Telegram.

Ella ha podido comprobar que «no existe» el famoso equipo de investigación que Alvise dice tener detrás y del que surgen las informaciones de las corruptelas de los poderosos que él se atribuye haber destapado. Tampoco tuvo nunca interés en formar uno, como así le propuso la parlamentaria.

«Teníamos unas direcciones de correo a las que cientos de ciudadanos empezaron a enviar documentación sobre posibles irregularidades y tramas políticas de toda España. Le dije ‘‘vamos a coger unos abogados para que lo revisen y vean si, en efecto, hay indicios de delito’’, antes de publicarlo. Alvise no quiso», rememora.

¿La razón? Según su antigua compañera de (breve) aventura política, «porque no soporta que nadie le quite el protagonismo». Se dedica a hacerse eco de chivatazos que le llegan y de noticias que se publican en prensa, aclara.

Sobre su promesa de que iba a sortear todos sus sueldos mensuales, Solier y Junco recuerdan que solo ha donado dos y la web que utilizaba para elegir al agraciado dejó de estar disponible porque no pagaba al proveedor del dominio.

Asimismo, tuvo problemas con el Parlamento Europeo por no entregar la información tributaria que se exige a los más de 700 europarlamentarios. Concretamente, las tres últimas declaraciones de la renta y la de bienes. Como incumplió su obligación, fue sancionado económicamente por la Cámara.

Este incidente, que se dedicase a «atacar con populismo» a las instituciones europeas, y los problemas con la Justicia en nuestro país, estuvieron detrás –explican sus excompañeros– de que ellos sí entraran «en tiempo récord» en ECR y a él no le aceptasen.

Ahora han hecho borrón y cuenta nueva para aprovechar la oportunidad de «trasladar al sistema político» la experiencia que ambos atesoran en la empresa privada. De momento, han conseguido que los 80 votos de su «familia europea» se opusiesen a la amnistía y al uso del catalán en la UE.