
Sanidad pública
Galicia, una de las cinco comunidades que supera el 50% de abortos en centros públicos
Con un 77% se sitúa entre las autonomías más avanzadas en la integración de la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública

El Ministerio de Sanidad ha presentado el informe 2015-2024 sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que analiza la evolución de esta prestación sanitaria en España y revela una marcada desigualdad territorial: sólo cinco comunidades autónomas —Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%), Navarra (74,8%) y Cataluña (55,1%)— superan el 50% de abortos realizados en centros públicos.
En comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia o Extremadura, las cifras son, según el informe de Sanidad, casi residuales, con porcentajes que oscilan entre el 0% y el 1%. En Madrid, solo el 0,5% de las interrupciones se realiza en hospitales del sistema público. En conjunto, cuatro de cada cinco abortos en España se practican aún en clínicas privadas.
“Queremos garantizar que las mujeres tengan un acceso fácil y equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública, que es donde deben ejercer este derecho”, subrayó la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la reunión del Consejo de Ministros.
El informe pone de relieve que las comunidades con mayor integración de la IVE en su sistema sanitario, entre ellas Galicia, han apostado decididamente por el método farmacológico, menos invasivo y de menor complejidad logística que la intervención quirúrgica. En el caso gallego, este procedimiento representa el 68,1% de los abortos practicados en la red pública.
Por el contrario, en regiones donde la prestación recae casi por completo en la sanidad privada, como Madrid y Andalucía, el método quirúrgico sigue siendo el dominante, con un uso del 94% y el 86% respectivamente. Esta disparidad, considera el informe, condiciona no el acceso y la experiencia asistencial y la autonomía de las mujeres.
Aumento progresivo
Durante 2024 se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De ellas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, frente a las 83.609 (78,75%) practicadas en clínicas privadas. Aunque la diferencia sigue siendo notable, la presencia del sistema público ha aumentado de forma significativa: en 2019 solo representaba el 14,3%.
Este crecimiento de casi siete puntos porcentuales en cinco años refleja, según el Ministerio, una tendencia hacia la “normalización y desestigmatización” de la práctica en el ámbito sanitario público.
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