El diario ‘El País’ desvelaba ayer que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar a una decena de funcionarios que han accedido de forma indebida al expediente de Rocío Carrasco en el Juzgado de Violencia de Género. Este acceso se produjo coincidiendo con el estreno de la docuserie “Rocío, contar la verdad para seguir viva”.

El motivo por el que se ha podido descubrir este acceso ilegal es la existencia de un sistema, el conocido como VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), que controla el acceso a estos expedientes sensibles para proteger a las víctimas y sus hijos.

Gracias a este sistema de control, los funcionario que tienen acceso a esta información confidencial, deben introducir una clave de acceso que queda registrada. Solo tienen autorización para acceder a estos documentos e informes ciertos profesionales de Servicios Sociales, de los juzgados, policías etc. Y todos ellos, cada vez que acceden a esta información sensible, son identificados mediante las claves de acceso lo que ha permitido descubrir la identidad de todos los que han curioseado el expediente de Rocío Carrasco.

El Ministerio del Interior implantó el sistema con el fin de facilitar “el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional”. Así, según el citado diario, la investigación de la Fiscalía comenzó tras detectarse que varias personas habían entrado en la plataforma sin estar relación con el caso. De hecho, la mayor parte de las entradas se localizaron en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, aunque “no se descarta que haya habido más accesos puntuales desde otros territorios”. Fue tras el estreno de la docuserie cuando comenzaron los accesos ilegales y, tan sólo cuatro días después, el 26 de marzo, ya se supo la identidad de los que habían entrado al sistema. Tras ser identificados, la secretaría de Estado de Seguridad les bloqueó el acceso a VioGén.

Los funcionarios entraron ilegalmente al sistema para satisfacer su curiosidad.

El 31 de marzo, la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana abrió un expediente informativo, uno disciplinario e informó a Fiscalía de lo que estaba sucediendo. De este modo, la maquinaria de investigación se puso en marcha y se abrieron diligencias en las tres provincias mencionadas.

Según destaca ‘El País’, todo parece indicar que la principal motivación de todos los que han osado a usar el sistema oficial para fines distintos a los profesionales ha sido para satisfacer su curiosidad. Por ese motivo, a todos aquellos que han accedido a los informes del caso de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores, han sido destinados a “otros servicios”.