ANÁLISIS: Abortos y sobres cerrados por José JARA

Haciendo un balance inicial de la implantación de la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, quizás lo más notable sea la percepción, desde diversos sectores sociales, de que esta legislación sigue suscitando un rechazo mayor del a priori esperado.

En algunas comunidades autónomas como Navarra son casi inexistentes los profesionales que se prestan a practicar abortos. En Valencia, ha sido cuestionada la disposición que marca la Ley de dar un sobre cerrado con mínima información a las mujeres que solicitan abortar. De hecho, en esa información las exiguas ayudas estatales parecen un acicate más para desanimar a cualquiera a llevar su embarazo adelante. Por ello, la Consejería de Sanidad Valenciana ha decidido dar una información más plural, incluyendo imágenes del feto para que la mujer tome su decisión con mayor conocimiento de lo que supone el hecho de abortar.

Por otra parte, la mayoría de los colegios de médicos no han secundado la idea de crear registros de objetores, lo que supondría que los médicos tengan que declarar por escrito sobre sus propias convicciones, convirtiendo así en papel mojado sus derechos constitucionales. Y en los centros médicos de Atención Primaria, médicos y personal de enfermería se cuestionan por qué la Ley los lleva a ser meros tramitadores de peticiones de aborto si, por el contrario, como marca la OMS, éticamente pueden ayudar a las mujeres con embarazos imprevistos a salir de sus problemas posibilitando así su maternidad.

Por si esto fuera poco, el comienzo del próximo curso traerá la segunda parte de esta nueva Ley, la Estrategia de Salud Sexual de implantación obligatoria en todos los centros escolares diseñada a espaldas de padres y educadores y previsiblemente ineficaz, como declara el reciente informe sobre este tema del Gobierno francés. En definitiva, un momento apasionante para el protagonismo de la sociedad.

José Jara. Presidente de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid