Por sentido de Estado

Como no podía ser de otra manera, el día de la Constitución quedó marcado por el conflicto aéreo. El Gobierno dice que lo ha hecho todo bien, cosa que no es verdad, pero el PP actúa con corrección al apoyar por sentido de Estado. Queda claro que los controladores se pasaron cien pueblos: las huelgas han de ser legales, planteadas en forma y tiempo, pidiendo permiso y esperando autorización, garantizando los servicios mínimos. Cualquier trabajador tiene derecho a protestar y a plantear sus reivindicaciones, siempre y cuando se haga por el cauce previsto y sin causar problemas de colapso u orden público. Sí así ocurriera, el Gobierno está autorizado a tomar las medidas que estime necesarias. En este caso así se ha hecho y se ha hecho bien, aunque cabe preguntarse si era necesario llegar a una situación tan extrema.

Lo sucedido con los controladores no tiene justificación. Se han ganado a pulso el castigo y la ira. Aunque convendría atemperar la actitud de aquellos que se están excediendo en insultos. Algo que no es de extrañar, pues con grave irresponsabilidad desde el Gobierno se ha venido sembrando, desde hace un año, la semilla del odio contra este colectivo, como si fuese responsable por sí solo de la deuda de AENA, la mala gestión de los aeropuertos, el derroche de las Administraciones o el déficit público. Cierto que cobran mucho, pero también lo es que hubo unos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, que les concedieron esos salarios. La de controlador es una tarea que exige preparación. No la puede desempeñar cualquiera. Uno de ellos me comenta que su sueldo no es de 370.000 euros ni de 200.000 anuales, como dice Blanco, sino de 50.000. No estuvo en la salvajada, pero reconoce el error y pide perdón. A muchos se les fue la cabeza por la acumulación de provocaciones de AENA. Entre ellas las de presentarles ante la sociedad como criminales culpables de casi todo por cobrar unos sueldos que el propio Fomento les aprobó otrora. O por haberles anulado por decreto el derecho a la negociación colectiva. O por obligarles a trabajar por las horas perdidas por enfermedad o descanso por fallecimiento de un familiar. O por no convocar oposiciones desde hace un año y no incorporar a los que aprobaron las ultimas, con lo que la plantilla estaba cada vez mas mermada.

Ciertamente el Ministerio no se ha cubierto de gloria en esta crisis. Los únicos culpables son los controladores. Pero Blanco debió conducir la situación con más tacto y mano izquierda, sabiendo apretar y negociar, no sólo imponer sanciones a base de decretos. Si lo que quería era provocar un caos, enhorabuena, lo logró al cien por cien, con millones de pérdidas en el turismo y la imagen de España por los suelos. En un año ha tenido tiempo sobrado para negociar o buscar soluciones como liberalizar el mercado, instruir a los controladores militares o dar entrada a nuevas remesas de profesionales, incluso desde el extranjero. Nada de eso se hizo y se abusó del decreto y la prepotencia para encauzar un mero conflicto laboral. Sindicatos de clase como UGT o CC OO, o partidos de izquierda como IU o el BNG, han puesto el acento en la grave responsabilidad de no haber sabido gestionar el conflicto. Resolverlo a última hora con estados de alarma, militarización, amenazas de cárcel, expedientes de sedición y a cañonazo limpio es algo extremo que se debía y podía haber evitado.