Carreteras

La velocidad y el tocino

La Razón
La RazónLa Razón

Tras la sorpresa y el estupor inicial, ha llegado la nada disimulada irritación de los conductores ante el cosmético plan de ahorro energético que presentó el viernes el Gobierno con una medida estrella, o más bien cabría decir estrellada, como es la reducción del límite de velocidad máxima en las autopistas y autovías de 120 a 110 km/h. Según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN, este anuncio es rechazado por los ciudadanos en un 55,7%, mientras que un 68,7% cree lo evidente: que esta iniciativa responde más a un afán recaudatorio del Ejecutivo que a un intento serio y con fundamento de ahorrar gasolina en un momento en que las revueltas en varios países árabes hacen zozobrar el mercado del petróleo, con la amenaza en el horizonte de que su precio se vaya a encarecer significativamente. Lejos de acometer una reforma en profundidad, con sólidos pilares que permitan proyectarse al futuro sin que se vea sacudida por cualquier contingencia, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha vuelto a optar por las ocurrencias y la improvisación, sacando de la chistera una medida que tiene hechuras de parche por cuanto tiene de endeble. Reducir la velocidad no es directamente proporcional a ahorrar gasolina, al menos no en los porcentajes que maneja Economía. Así lo han subrayado las asociaciones de automovilistas, que le han recordado algo básico que sabe cualquier conductor de una gran ciudad que viva un día sí y otro también un atasco: un automóvil parado y acelerando puede estar consumiendo como si fuese a 120 km/h. Sea como fuere, esta iniciativa se corresponde con el espíritu cortoplacista e impulsivo de este Ejecutivo y de su titular de Economía, que gobierna a golpes de efecto, con el consiguiente sobresalto de los ciudadanos. El poso de esta imposición de reducir la velocidad en las autovías también encuentra su sentido en la única política sólidas que es capaz de ofrecer el Gobierno: la recaudatoria. Además de ser un atropello para los ciudadanos, no se puede confiar parte de la bonanza de las arcas públicas al dinero que se obtenga por las multas. Ésa es una política errática y desafortunada. Y no vale la coartada del ahorro porque, como ya se indicó ayer desde varias asociaciones de consumidores, los conductores gastarán más en multas de lo que ahorrarán en gasolina.No se puede obviar que con esta medida emerge una vez más el talante prohibicionista de este Ejecutivo, que parece empecinado en gobernar atando en corto a sus ciudadanos, restringiendo sus derechos y libertades. Ocurrió con la ley antitabaco, en cuyos inicios también estuvo presente Salgado, y ahora con esta obligación de conducir más lento si no se quiere pasar por taquilla para pagar una multa. Se deberían imponer la seriedad y el rigor, desechar a las prohibiciones con carácter punitivo –que no es más que pan para hoy y hambre para mañana–, abordar de una vez por todas el problema desde la raíz y presentar un plan de ahorro energético bien articulado que no esté a merced de coyunturas ni de las pulsiones coercitivas. Una vez más, el Gobierno socialista ha vuelto a confundir la velocidad con el tocino.