Martín Serón: «Jamás se ha solicitado a cambio de una licencia dinero a nadie»

MÁLAGA- El alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, declaró ayer en el juicio por la «operación Troya», que en los doce años que lleva ejerciendo el cargo «no he permitido nunca un decreto en contra de la ley», y añadió que «en el Ayuntamiento, que yo sepa, no ha habido nunca ningún informe técnico ni jurídico desfavorable o ilegal».

Durante su declaración como imputado en la presunta trama de corrupción por la que fue detenido en enero de 2007, el regidor popular hizo hincapié en que «jamás se ha solicitado a cambio de una licencia dinero a nadie, ni a cambio de nada». «En ningún caso –prosiguió– se condiciona una resolución a cambio de un patrocinio y por supuesto mucho menos por un interes personal».

El regidor, acusado de los delitos de prevaricación omisiva y cohecho pasivo por los que se le solicita cuatro años de prisión y 19 de inhabilitación, manifestó que «nunca» ha recibido dinero alguno de promotores ni «jamás» ha tenido ofrecimientos al respecto. En relación al dinero que la Policía localizó en los registros practicados en su vivienda, 64.000 euros, manifestó que provenían de la asesoría que posee su mujer y apuntó: «Mi mujer y yo tenemos todos los bienes mezclados, en común».

Respecto a los 7.000 euros que los investigadores hallaron en su despacho de Alcaldía indicó que «era un dinero que procedía del grupo municipal» y que «se había guardado para los gastos de promoción del pueblo en Fitur», la Feria Internacional de Turismo que iba a celebrarse en Madrid, días después de la detención de Martín Serón y el concejal de Urbanismo. «Yo mismo pregunté por qué eran billetes de 500 euros, porque, aunque eran de curso legal, llamaban la atención, y la respuesta fue que se preparó así para que el dinero abultara lo menos posible», abundó.

El juicio se reanudó ayer en la Sección Octava de la Audiencia Provincial donde se celebrará en sesiones de jueves y viernes durante los tres próximos meses.

La acusación sostiene que en el Ayuntamiento de Alhaurín «venía funcionando una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales» y señala en su calificación inicial que consistía en «ofrecer a empresarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad a cambio de una retribución».