Bruselas le da la razón a Rajoy

En plena tormenta política a propósito de las deficitarias cuentas autonómicas, la Comisión Europea ha irrumpido con una serie de críticas y recomendaciones al Gobierno socialista para que España cumpla con los objetivos fiscales pactados y reactive la recuperación económica. Algunas de las sugerencias de Bruselas no han sentado nada bien a la vicepresidenta Salgado y otras le han venido a dar la razón a Mariano Rajoy, que en estos últimos días ha lanzado varias propuestas para poner freno al gasto autonómico. Mal día eligieron Rubalcaba y los portavoces de IU y ERC para descalificar al líder del PP acusándole de alarmista para justificar así futuros recortes. Lo mismo que ha pedido Rajoy lo pidió ayer la Comisión Europea: estricta aplicación de los mecanismos de control de la deuda y el déficit de las comunidades autónomas, establecer por ley un techo de gasto y aprobar medidas adicionales de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit. Es de suponer que Rubalcaba no atribuirá a Bruselas «oscuras intenciones», como ha hecho con las propuestas de Rajoy. Pero la Comisión Europea no se queda ahí y pone en duda las optimistas previsiones del Gobierno para este año y 2012, pues no cree que logre cumplir su promesa de rebajar el déficit al 6% y el 4,4%%, respectivamente; Bruselas lo cifra en el 6,5% y 5,5%, respecticamente. También alberga dudas de la eficacia de la reforma laboral, «que podría no ser suficiente», por lo que aconseja «más reformas para reducir la segmentación del mercado laboral y mejorar las oportunidades para los jóvenes». Nada que en España no se le haya advertido mil veces al Gobierno desde la oposición y distintos sectores económicos. En este punto, resulta especialmente oportuna la advertencia de la CE para que se culminen las reformas de las pensiones y de la negociación colectiva. Sobre esta última, en la que han puestos los ojos los socios comunitarios y los mercados tras el fracaso de las negociaciones entre CEOE y sindicatos, Bruselas aconseja modificar la claúsula de revisión salarial para ligarla a la productividad. Ni que decir tiene que de esta reforma depende la credibilidad internacional del Gobierno. Una reforma descafeinada multiplicaría las dudas sobre la capacidad de España para salir del pozo y para estimular la creación de empleo. El Gobierno tendrá que elegir entre el inmovilismo de los sindicatos y los cambios que le reclaman los socios europeos. En esta línea hay que valorar también la sugerencia de rebajar las cotizaciones sociales a las empresas y rebajar los costes laborales. Quien crea puestos de trabajo e impulsa el crecimiento es el empresariado, que en España está formado, en su inmensa mayoría, por pequeños y medianos empresarios agobiados por las cargas tributarias, las cotizaciones sociales y los costes disuasorios del mercado laboral. Si no se les dan facilidades, será difícil que arriesguen el pellejo. En cuanto a la recomendación de la CE de subir el IVA y los impuestos a la energía, no parece que sea ni acertado ni oportuno, entre otras razones porque dispararía un proceso inflacionario de efectos letales en una economía estancada como la española.