La Fiscalía respalda la tesis de los funcionarios sobre el «enchufismo»

SEVILLa- Las tesis de los funcionarios sobre el decreto de reordenación del sector público empresarial impulsado por la Junta de Andalucía encuentran respaldo en las instancias judiciales. A la espera de las decisiones definitivas sobre la multitud de recursos presentados por sindicatos y colectivos de empleados públicos, lo que parece evidente es que sus protestas tienen base jurídica y no responden a un capricho.

Así lo entiende al menos la Fiscalía tras una denuncia interpuesta en el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Sevilla por la «Asociación Al Andalus Empleados Públicos de la Junta de Andalucía» y la «Asociación defiendo mi derecho y la gestión pública». El recurso, al que ha tenido acceso este periódico, se dirige contra el protocolo de integración de personal en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que acuerda la integración del personal de la entidad instrumental Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y del personal laboral de los consorcios Utedlt.

En el texto de alegaciones, firmado por Carmen Jiménez Márquez, la Fiscalía concluye que el «incumplimiento alegado de los requisitos legales, puede suponer violación del derecho al acceso en condiciones de igualdad a la función pública y en consecuencia el recurso interpuesto debe ser estimado por infracción del artículo 14 y 23.2 de la Constitución española».

Es la interpretación que defienden los funcionarios: mientras que ellos han tenido que pasar unas oposiciones en competencia con otros aspirantes, los empleados de las empresas públicas han sido contratados «a dedo», muchos de ellos por contactos o afinidad política con los directivos de esas sociedades.

Una lectura de ambos artículos de la Constitución muestra la trascendencia de los derechos presuntamente vulnerados. El artículo 14 dice: «Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Por su parte, el 23.2 señala que los ciudadanos «tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes».

La interpretación de la Fiscalía es un respaldo a las tesis de estas asociaciones, aunque el mismo escrito también advierte de las dificultades de la lucha judicial emprendida. Así, en el punto segundo, el Ministerio Fiscal alerta de «la posible falta de competencia del juzgado» y apunta más adelante que «la competencia para resolverlo correspondería al Tribunal Superior de Justicia».

Independientemente del procedimiento judicial elegido, el Ministerio Público asume los planteamientos de los demandantes y resume en el punto cuarto un conflicto que comenzó en verano del pasado año y que se prolongará hasta que los tribunales se pronuncien de manera definitiva: «La esencia y cuestión fundamental de este recurso, y de los ya planteados que afectan a otras agencias o sectores, no es otra que la de entender que la integración del personal supone el acceso directo al empleo en las agencias de personal que estaba al servicio de empresas públicas, fundaciones y otros entes instrumentales». Más de 25.000 personas coladas «por la puerta de atrás», denuncian los sindicatos.