La AVT quiere un informe de la Guardia Civil

MADRID- La Asociación de Víctimas del Terrorismo pedirá hoy al juez Pablo Ruz la práctica de cuatro diligencias que considera necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Así, en primer lugar, solicitará que se ponga a disposición de la Guardia Civil todas las actuaciones que constan en el sumario para que las analicen y puedan elaborar un informe sobre lo que ocurrió en las inmediaciones del bar «Faisán» el 4 de mayo de 2006, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la citada asociación.
El objetivo es que se pueda contar también con un informe distinto al policial, máxime cuando los tres únicos imputados que hay en la causa pertenecen a ese Cuerpo.
Junto a ello, que pedirá es la identificación de los funcionarios que pudieron acceder a la base de datos del DNI para consultar la semana antes del «chivatazo» cualquier aspecto relacionado con Joseba Elosua, propietario del «Faisán», o con su vehículo.
Esta prueba se practicó ya, con resultado negativo, para los días 3 y 4 de mayo. Sin embargo, esta acusación quiere que se amplíe ese plazo para determinar o excluir definitivamente si algún otro agente pudo tener relación con la investigación.
Relevante es la petición para que declare, por primera vez en la causa, el Comisario Jefe policial en Guipúzcoa, Fernando Amo. El motivo es que pueda aclarar determinados aspectos relacionados con la conversación que mantuvo con el imputado Enrique Pamíes sobre la petición de que se trasladara hasta Irún una dotación de la Unidad de Intervención Policial. Por último, quiere se aporten los datos justificativos del traslado a Irún del inspector José M. Ballesteros.
El juez Ruz reactivó el pasado 24 de enero la causa al ordenar seis nuevas diligencias, entre las que se encuentra preguntar a los responsables de la investigación por los cortes que tenía el vídeo que ofrecía las imágenes del establecimiento. El magistrado, que ha rechazado de esta forma la petición de archivo solicitada por la Fiscalía en octubre de 2009, transformó en sumario las diligencias previas que tenía abiertas contra los tres cargos policiales imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público y colaboración con organización terrorista.