El pueblo en el que la guerra no ha acabado

Acusaciones de intransigencia suben y bajan las empinadas cuestas de Poyales del Hoyo, en la provincia de Ávila. Este municipio de apenas 600 habitantes, ubicado en la ladera sur de la Sierra de Gredos, se ha convertido en las últimas semanas en símbolo de enfrentamiento vecinal por el traslado de los restos de diez represaliados de la Guerra Civil . El acto se llevó a cabo el pasado 30 de julio, en presencia del alcalde, Antonio Cerro (PP). Las cajas de huesos pasaron de un nicho con placa y paloma blanca a una fosa común anónima. Los vecinos hablan de bandos y trincheras, de rojos y azules, de buenos y malos. ¿Déjà vu?

«Teníamos los permisos de los familiares que pudieron ser localizados», asegura el alcalde del municipio, Antonio Cerro (PP), con la autorización en la mano.

La causa de la apertura del nicho, en el que se encontraban desde 2002 los restos de tres mujeres brutalmente asesinadas en 1936 y otros siete represaliados posteriores, fue la solicitud de una de las nietas, Virtudes Lorente, de sacar los restos de su abuela y enterrarlos por separado. Así se hizo. Pero al abrir la lápida compartida, los operarios encontraron medio metro de agua «y unas condiciones pésimas», explica el alcalde, quien decidió reubicar las cajas de restos en una tumba situada a pocos metros del nicho, dentro del mismo cementerio. «Lo hice por humanidad, sin mala fe», recalca el edil, que a ratos se quita las gafas y baja la cabeza. «No puedo más, esto es demasiado para mí», insiste.

«Indignante»
Las asociaciones de memoria histórica no entran en intencionalidades pero afirman que el traslado fue ilegal, indignante y una falta de respeto para los familiares de las víctimas, que, en la nueva ubicación, «volvieron a quedarse sin nombre». En el emplazamiento actual, mayor en tamaño, no se identifica a nadie. En vez de nombres y apellidos, se han grabado unas letras, mayúsculas y doradas, que, afirman algunos, despiertan fantasmas y reabren heridas: «FOSA COMÚN».

La asociación Valle del Tiétar y la Vera organizó un acto de repulsa una semana después, el domingo 7 de agosto. Antes intentaron consensuar, pero el alcalde se negó por considerarlo «chantaje». Y la mecha prendió. En el tranquilo municipio, rodeado de higueras y olivos, los vecinos la emprendieron a golpes contra los que, aseguran, «vinieron a provocar».

La trifulca comenzó en la plaza del Moral, entre el ayuntamiento y la Iglesia, y terminó con una denuncia por parte de cuatro asociaciones. Alegaron que los vecinos amenazaron y golpearon a los congregados animados por los concejales del PP. El alcalde se encontraba ese día en Madrid.
 
Desde entonces, algunos políticos usaron el delicado conflicto como arma arrojadiza. Por un lado, se ataca al PSOE por la aprobación de La ley de la Memoria Histórica. «Consecuencias del zapaterismo», declaran dirigentes populares. Los socialistas hablan de «consecuencia lógica de la crispación causada por el PP». IU llega a calificarlo como el «hecho más grave desde la aprobación de la ley de la memoria».

El caldo de cultivo, como en tantos otros conflictos, es la crisis y el desempleo. El alcalde insiste en que ha «heredado» una deuda de «50 millones de pesetas». El espacio en el cementerio, propiedad del consistorio, también debe pagarse cada diez años.
 
Entre los disparos verbales de los vecinos, que se llaman indiscriminadamente «vagos comunistas» o «fachas franquistas», se apunta a un cierto «negocio» con los desenterramientos por parte de vecinos interesados. Quizás para pasar página, el alcalde redactó el pasado miércoles un documento pacificador: «Respetamos y respetaremos siempre a estas víctimas [...] Y si las discrepancias políticas hubieran dado la impresión de ofensa, además de sentirlo sinceramente, manifestamos que nuestra decisión no está tomada en este sentido».

Las tres mujeres depositadas en el nicho común (dos de ellas ahora en la fosa) eran Virtudes de la Puente, muerta a los 53 años, Pilar Espinosa, a los 43, y Valeriana Granada, a los 26 y embarazada. Fueron asesinadas en diciembre de 1936. El periodista de «The Guardian», Giles Tremlett, lo recoge en su obra «España ante sus fantasmas». Pero otros habitantes de Poyales también reivindican a sus muertos. En el muro cerca de la iglesia se produjeron matanzas de nacionales, entre ellos sacerdotes. Uno de los asesinados fue el abuelo de Elena Bueno, de 84 años, una de las protagonistas de la pelea del domingo. «Con ocho años vi cómo los milicianos se llevaron a mi abuelo. Ni siquiera pude darle un beso», narra nerviosa. «Y ahora vienen a decir que las víctimas son ellos», añade. Lo que la hizo perder los nervios, enfatiza, fue la pancarta expuesta por algunos jóvenes: «Somos los nietos de los obreros que no pudisteis matar».

¿Provocación o inconsciencia?
La paz vecinal pasaría por colocar una placa, como la que ya existía, con los nombres y fechas de defunción de las víctimas. «¿Es que acaso no terminó la guerra?», pregunta un anciano. Por ahora, unos y otros, derechas e izquierdas, vecinos todos, quieren olvidar. De nuevo. Ayer sábado comenzaban las fiestas patronales.

20 millones en subvenciones
Los datos del Ministerio de Presidencia revelan que las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica aumentaron en cantidad y subvenciones desde la aprobación de la ley en 2006. El primer año, el número de organizaciones beneficiadas fue de 36; en 2007, 61; en 2008, 66; en 2009, 94 y el año pasado, llegó a 113. El presupuesto destinado a fosas y actuaciones relacionadas ascendió a 5.918.000 euros en 2011. La cifra sube hasta los 19.476.000 si se suman las cuantías destinadas a exposiciones, homenajes, estudios, archivos y similares en estos seis años.