Cambios económicos y una reforma pendiente

La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986, acontecimiento del que se conmemora en estas fechas el 25 aniversario, supone la culminación de un proceso de acercamiento de la economía española a «Europa», una ambición necesaria y legítima para la que muchos sitúan su origen en las complejísimas negociaciones que dieron lugar al Acuerdo Preferencial de España con la CE en 1970.
Este Acuerdo –un éxito de nuestra diplomacia logrado en gran medida gracias al impulso de Alberto Ullastres, embajador de España ante las Comunidades Europeas entre 1965 y 1976– dio un giro importante al comercio exterior de nuestro país y fue el germen de la progresiva apertura de nuestra economía. Y, sin duda, constituyó un paso decisivo para que a principios de 1986 España pasara a formar parte de la CE.

No descubriré el Mediterráneo al decir que la sociedad y la economía española han cambiado de manera notable en estos 25 años de presencia en la CE –hoy ya UE–.

Así, nuestra economía se ha abierto de manera importante al comercio exterior, sobre todo con países miembros de la UE –mientras que el peso de las importaciones y exportaciones de nuestra economía representaban en torno al 38% del PIB en 1986, en los tres primeros trimestres de 2010 esta cifra se sitúa en el entorno del 54%–; también se liberalizaron numerosas actividades y sectores económicos, a través de un importante proceso de privatizaciones y reformas estructurales. Y, por supuesto, hemos entrado a formar parte de la moneda única, el euro, lo que ha supuesto grandes ventajas pero ha limitado los instrumentos de política económica que teníamos a nuestra disposición, al dejar la política monetaria en manos de las decisiones del Banco Central Europeo, renunciar a la moneda propia –la peseta– e impedir el recurso a las devaluaciones de la misma que, como en 1992 y 1993, permitieron diluir en el conjunto de nuestra economía las consecuencias de unos años de pérdida progresiva de competitividad de nuestro país respecto a nuestros socios comerciales.

También nuestro mercado de trabajo ha cambiado significativamente. Mientras que a finales de 1985 sólo trabajaban en España 11,05 millones de personas -según la Encuesta de Población Activa- en la actualidad, y pese a la intensa crisis económica que ha destruido ya más de 2 millones de empleos, trabajan en nuestro país 18,55 millones de personas, de acuerdo con la misma fuente estadística. Eso sí, pese a que en estos 25 años hemos vivido períodos de gran crecimiento económico y creación de empleo, sobre todo el comprendido entre principios de 1996 y mediados de 2007, la decepcionante tasa de paro actual (19,79% de la población activa) no es muy distinta de la que teníamos cuando ingresamos en la CE, que ascendía al 21,48%. La tasa de paro no es muy diferente, como tampoco lo es la estructura de nuestro marco laboral, que deriva del Estatuto de los Trabajadores del año 1980, con algunas modificaciones parciales.

Un marco regulatorio que ya nació antiguo –básicamente el Estatuto adaptó la legislación laboral franquista a la nueva situación política en democracia– y que hoy con mucha más necesidad que entonces, precisa de una reformulación en su totalidad. Esta reforma, la laboral, es mi petición a los Reyes Magos para 2011. Espero que si no me la pueden traer este año, no tenga que esperar 25 más.