El Govern «pasa el rodillo» para que Madero dirija la Oficina Antifraude

Seis meses después de la aprobación de la Ley de la Oficina Antifraude, el tripartito consiguió ayer salirse con la suya y desencallar el proceso de puesta en marcha de este organismo. Los integrantes de la Entesa unieron sus fuerzas para reformar la Ley de este organismo con los ojos puestos en poder nombrar a su nuevo director. Un procedimiento encallado hasta la fecha porque el candidato del Govern, el fiscal David Martínez Madero, no había conseguido el respaldo de tres quintas partes del Parlamento catalán necesario para su proclamación. Para conseguir su objetivo, los integrantes del tripartito aprobaron ayer una reforma del texto de la Ley permitiendo que el nombramiento de Martínez Madero pudiera hacerse por mayoría absoluta, todo ante las protestas de la oposición que considera que el Govern «ha pasado el rodillo». Tanto CiU como PP exigieron que la reforma de la Ley de la Oficina Antifraude se hiciera siguiendo el procedimiento habitual y no mediante un trámite de urgencia –la lectura única– que no permite que la oposición enmiende el texto. Pero la indignación de la federación no acaba aquí. La mayoría gubernamental desestimó también que el Consejo Consultivo revisara el proyecto de reforma para valorar su legalidad.En una reunión de la Mesa del Parlament, los partidos que conforman el tripartito se agarraron a la aprobación de la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias del pasado mes de febrero, un órgano que aún no ha entrada en funcionamiento. Según el tripartito, debe ser este organismo quien dirima sobre la corrección de una Ley y no el Consultivo. De todas formas, este organismo mantiene sus funciones hasta que el Consejo de Garantías Estatutarias empiece a funcionar.Los representantes del tripartito están convencidos de que la única intención de CiU y PP es «bloquear» la entrada en funcionamiento de la Oficina Antifraude, tal y como afirmó el diputado del PSC David Pérez, y que esta tramitación por la vía rápida era conveniente porque la parálisis no era «asumible», en palabras del conseller de Gobernación, Jordi Ausàs. Además, no ven necesario llevar al Consultivo una normativa que ya ha sometida a su dictamen en «dos ocasiones».Desde el inicio de su tramitación, CiU y PP se habían mostrado en contra de la creación dela Oficina Antifraude, al considerarla innecesaria porque la Generalitat ya dispone de un órgano encargado de fiscalizar su gestión, la Sindicatura de Cuentas. El diputado de CiU Lluís Corominas denunció los peligros de la «imposición» del Govern porque «sienta un precedente gravísimo en la historia del parlamentarismo catalán». Los populares tampoco escatimaron críticas y la diputada del PP Belén Pajares tachó de «cacicada» la maniobra legal del Govern. La situación podría repetirseEl nombramiento del fiscal David Martínez Madero como director de la Oficina Antifraude de Cataluña no es la primera ocasión en que la oposición bloquea la creación de algún órgano directivo de una institución, y no parece que vaya a ser la última. Ahora el miedo es que el ejecutivo catalán opte «por la vía rápida» para acabar con los frenos que suponen al desarrollo de la acción del gobierno las votaciones por mayoría cualificada, o lo que es lo mismo, las que necesitan del respaldo de tres quintas partes del Parlamento. El próximo capítulo se vivirá con el diseño del Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo creado el pasado mes de febrero y que aún no ha podido entrar en funcionamiento debido a las diferencias entre gobierno y oposición. De momento, ni CiU ni PP han presentado los nombres de sus candidatos a integrar este órgano que está destinado a sustituir al Consejo Consultivo. No parece que la oposición vaya a cambiar de opinión y queda por ver cómo reaccionará el Govern.