El PP propone un sistema «más justo» que el de SGAE

El Gobierno ha decidido dejar la regulación de las descargas de internet para después de las Elecciones Europeas, como informó ayer LA RAZÓN. El Ejecutivo es consciente de la impopularidad de medidas como quitar la conexión a los «piratas» reincendentes, así que prefieren no incluir el asunto en el examen del 7-J. El PP, sin embargo, sí que quiere abordar el tema a fondo en la inminente campaña. Por eso, Mariano Rajoy desvelará hoy en Córdoba los ases que su partido guarda en la manga en cuanto a nuevas tecnologías. Las propuestas de los populares, a las que ha tenido acceso este diario, tienen especialmente en cuenta el voto de los internautas. «Propondremos una normativa que garantice que ningún usuario sea privado de su acceso a internet y que prevenga la creación de sistemas de canon digital indiscriminados», señala el documento. De esta manera, los de Génova se distancian del presidente francés, Nicolas Sarkozy, que logró aprobar anteayer en el Senado galo la norma que permite privar de ADSL a los «piratas» más recalcitrantes tras varios avisos. El PP también se muestra claramente partidario de las redes p2p, demonizadas por la industria cultural porque han sido hasta la fecha la opción favorita de los internautas para el intercambio de música y películas. Aunque quizá la propuesta más arriesgada de los populares apunte directamente a la SGAE, puesto que en el texto apunta que promoverán «sistemas más justos para compensar los derechos de autor basados en el uso efectivo de las obras y en los nuevos modelos de negocios propios de la economía digital».

Mecanismo consensuadoHasta ahora, la SGAE reparte los fondos entre sus socios a través de estimaciones de la utilización del repertorio, algo que los populares juzgan como superado a la vista de esta propuesta. En cambio, el PP propone un «un mecanismo revisado, justo, de compensación consensuado entre creadores, productores, operadores de telecomunicaciones, industria electrónica y consumidores y usuarios». Esta propuesta enlaza con otro de los debates que se viven en este momento: la falta de transparencia y el celo con que la entidad presidida por Eduardo Bautista realiza su misión. Este hecho quedó en evidencia hace unos días tras revelarse varios casos de conciertos benéficos en los que se cobró también el diez por ciento que les corresponde. Con este ambicioso programa, el PP se lanza a por el voto internauta, cada vez más movilizado. Se trata de una corriente generalizada en toda Europa, pues se cree que este bloque resultará decisivo para el resultado del 7-J. De ahí, por ejemplo, que el Parlamento Europeo desafiara la semana pasada a Sarkozy al aprobar una moción contra la «desconexión de los «piratas». O que el Partido Pirata aparezca en las encuestas como la cuarta fuerza política de Suecia, al borde de obtener su primer eurodiputado. La alusión de los populares al «consenso» entre las partes implicadas resulta también relevante ,puesto que hace unas semanas la industria de creadores y los operadores de telefonía se levantaron de la mesa de negociación al no lograr llegar a un acuerdo sobre la forma de sancionar a los internautas que más «piratean». Así, será el Gobierno quien deba asumir la responsabilidad de fijar cuáles son las sanciones que se aplican a cada uno de los tres tipos de usuarios infractores. En el primero estarían unos 70 portales «que serían responsables del 80 por ciento de las descargas ilegales que se producen en la Red». Un segundo grupo sería el integrado por los «difusores proactivos» de esos contenidos, que dependiendo de donde se ponga la frontera estaría entre 5.000 o 60.000 usuarios. Y, finalmente, un tercero en el que figurarían el resto de usuarios. El PP pretende también con estas medidas paliar el déficit de acceso a la Red que sufre España en relación al resto de países europeos y de la OCDE, en el que nuestro país ocupa el puesto 20 de los 30 miembros. Por este motivo denuncia que «los usuarios españoles soportan precios de acceso de banda ancha y telefonía móvil entre los mas elevados de la Unión». Los populares abogan por «la plena alfabetización digital», «favorecer la extensión de las nuevas redes sociales» y promover una «Carta Europea de derechos de los usuarios de internet».