España a la cabeza mundial de la «piratería»

El juicio contra Pablo Soto, el informático español creador de varios programas que facilitan el intercambio p2p (Blubster, Piolet y Manolito), contaba ayer con la intervención de peritos que trataban de demostrar, en el caso de la acusación, el ánimo lucrativo del programador, por el que la industria le pide 13 millones de euros; y en el lado de la defensa, su ánimo altruista y su apuesta por el copyleft. Hoy quedará visto para sentencia. Mientras, el Congreso de Estados Unidos sitúa a España en su lista negra de los países más «piratas». Desde 2003, un grupo de más de 70 legisladores lleva a cabo una cruzada a escala mundial contra el problema de la «piratería». Cada año, un documento evalúa a cada nación de la comunidad internacional. En este informe, España comparte con Canadá, Rusia, China y México el «nivel alarmante» de violación de la propiedad intelectual a través de la red. «Aceptado culturalmente» La «piratería» ha alcanzado en España un nivel de «pandemia», puede leerse en el documento. Los legisladores de EE UU explican la misma situación por que, a su juicio, «no hay suficientes herramientas legales» para proteger a los creadores. Los políticos de Washington señalan con el dedo al Gobierno español, al que consideran responsable de no impedir las descargas «a través de peer-to-peer (de usuario a usuario o p2p). Los congresistas denuncian que «son ampliamente percibidas como un fenómeno cultural aceptable. La situación es incluso peor, ya que el propio Gobierno considera legalizado el uso compartido de archivos usuario a usuario». Este informe se publica apenas unos días después de que nuestro país fuera incluido en la Lista 301 de 2009, que elabora el Departamento de Comercio de EE UU, por motivos similares. A pesar de los llamamientos internacionales, y del intenso debate que se está viviendo en el seno de la Unión Europea a partir de la iniciativa francesa de impedir el acceso a la red de los usuarios reincidentes en las descargas de material protegido, el Gobierno aún no ha puesto fecha a la regulación de este problema. En este sentido, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, afirmó anteayer que «me tomaré el tiempo necesario» para escuchar a todos los afectados con intención de crear un «modelo sostenible» de explotación en la red. EE UU pretende sentar cátedra en el resto del mundo con su política «antipiratería». Este tipo de casos son investigados por un departamento del FBI. Además, puede llevar a penas de años cárcel y multas de cientos de miles de dólares. Aun así, algunos legisladores han pedido que se endurezcan dichas medidas. Ahora, la filosofía de protección del derecho de autor es bastante distinta que en Europa. Como Ford y General Motors Los políticos de Washington otorgan prioridad a los millones de dólares que estas actividades restan al balance de sus multinacionales antes que proteger la capacidad creadora de sus autores. Como ejemplo, sirvan las palabras del presidente del comité, Adam Schiff, que alertó de que «igual que no queremos que los concesionarios Ford y General Motors sean saqueados, no podemos admitir que las películas, la música o los programas de ordenador sean robados de los estudios de cine, de grabación o fabricantes de ¿software¿». Aun así, la industria de EE UU también tiene algunos enemigos en casa. Otro documento publicado la semana pasada apunta a que el mayor fraude de descargas de internet a las compañías estadounidenses se produce dentro de las fronteras del país. El documento señala que en 2008 hubo unas pérdidas de 53.000 millones de dólares; sin embargo, también se reconoce que los norteamericanos tienen una de las tasas de «piratería» más bajas del mundo. Sólo la situación que se describe sobre China es más catastrófica que la de España: el gobierno de Pekín «ha permitido a la piratería contaminar por completo el comercio electrónico a través de una variedad de sitios web ilegales, así como sitios para el almacenamiento de archivos proporcionados por los usuarios», puede leerse en el documento. La asociación de Productores de Música de España, Promusicae, denunció ayer la inactividad del Gobierno ante esta circunstancia y recordó que «es el segundo año consecutivo que España figura en esta lista negra». Por el contrario, las asociaciones de internautas, recuerdan que varios informes, como por ejemplo el encargado por el Gobierno de Holanda, desmienten la relación entre intercambios p2p y descensos de la ventas de la industria audiovisual. El estudio holandés señala, por ejemplo, que son aquellas personas que hacen uso con más frecuencia de estas redes las que consumen más música y cine legal. Para evitar la criminalización del p2p y reivindicar la eliminación del canon digital, los internautas españoles han convocado una protesta frente al Ministerio de Cultura el próximo domingo a las doce de la mañana. Los usuarios de internet esgrimen que el canon digital perjudica a la mayor parte de los autores a los que va dirigido, pues su gasto en soportes gravados con este impuesto son mayores que el dinero que reciben como compesación por esta medida.