Yemen

Españoles entre rejas

Nabil Manakli, condenado a muerte en Yemen por un supuesto atentado, es otro de los casos pendientes.

Maria José Carrascosa
Maria José Carrascosalarazon

MADRID- «Mulas» utilizadas por las mafias y turistas «despistados» con una idea equivocada sobre el consumo de narcóticos. De los 1.940 presos españoles en el extranjero contabilizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta febrero de 2009, alrededor del 85% lo están por delitos relacionados con el tráfico de drogas. «Los estupefacientes son la gran lacra», reconoce a este diario Eva Soriano, coordinadora del Programa de Presos Españoles en el Exterior de la Fundación Ramón Rubial-Españoles en el Mundo. A través de este programa, la fundación no sólo lanza periódicamente campañas preventivas advirtiendo del consumo de droga en el extranjero. También se dedica a mantener informados a los familiares de los presos: desde ayudarles a tramitar expedientes de traslado a una cárcel española hasta, si toman medicación, asegurarse de que la reciben.El muro de la burocracia para lograr que el reo cumpla la condena en España es casi infranqueable. «Es necesario que exista una equiparación de legislaciones. Un país con cadena perpetua, que no está vigente en España, nunca podrá autorizar un traslado», comenta Soriano. Y si existe, el «papeleo» puede llevar año y medio. Es precisamente esa falta de homologación la protagonista de uno de los casos que recientemente han vuelto a saltar a los medios de comunicación. La lucha de los familiares de Pablo Ibar para que éste salga del corredor de la muerte en el estado de Florida dura ya 9 años. En 2000, Ibar fue condenado a la pena capital por el presunto asesinato, en 1994, del propietario de un local nocturno y dos modelos. «Los derechos constitucionales de Pablo no fueron respetados en aquel juicio. No disfrutó de una asistencia letrada efectiva, pues su abogado, aparte de sufrir una fuerte dolencia hepática, fue detenido por un delito de violencia doméstica que obligó a interrumpir las sesiones. Además, la Fiscalía no entregó un informe de ADN que decía que el sudor encontrado en la escena del crimen no era de Pablo», comenta Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación Contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Estos días tuvo una nueva oportunidad: una audiencia probatoria que le permitiría repetir el juicio. «En el corredor de la muerte hay mucha gente desquiciada. No es su caso. Su abogado está impresionado por cómo mantiene el equilibrio y la claridad», dice el portavoz. En mes y medio habrá noticias. Ibar no es el único. Nabil Manakli, de origen sirio y nacionalizado español, fue detenido en Yemen en 1997 por planear actos de sabotaje y asesinatos en un atentado con bomba. Según informa Amnistía Internacional, Manakli confesó su culpabilidad, «aunque algunos informes dicen que fue torturado». En 2003 fue ratificada la pena de muerte. Las gestiones diplomáticas dieron sus frutos. «En 2006, el presidente yemení aceptó estudiar la conmutación de la pena y en 2007, los Gobiernos de España y del Yemen firmaron un convenio de traslado», comenta Ángel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional. Con todo, todavía no se ha ratificado la conmutación. Su caso ha sido recordado estos días gracias a Paco Larrañaga, condenado a muerte en 1997 por el asesinato de dos jóvenes en Filipinas pese a 15 testigos que aseguraban que se encontraba a 300 kilómetros de los hechos. Testigos que el juez consideraba que eran «amigos» suyos. El país abolió la pena capital, aunque aún existe la perpetua. Según Exteriores, «en 2008 se acordó con España la posibilidad de que cumpliera aquí la pena». La pasada semana, tras el viaje del ministro Miguel Ángel Moratinos a Filipinas, Larrañaga será trasladado. Eso sí, previo pago de 18.000 euros por parte de su familia.

«La actitud del Gobierno con María José es vergonzosa»María José Carrascosa, la abogada valenciana en prisión desde 2006 en EE UU por el secuestro de su hija, esperaba haber obtenido ya la provisional. Asegura que su ex marido, el estadounidense Peter Innes, la maltrataba, motivo por el cual abandonó el país con su hija. El juez desestimó este argumento en una vista previa y fijó otra para el 29 de abril. «Es vergonzosa la actitud del Ministerio de Justicia», comenta Victoria, su hermana. «Hablan por teléfono con la Fiscalía de Nueva Jersey cuando deberían personarse allí». Mientras, «María José está abatida».