Fin a los procesos universales

El Congreso aprobó anteayer por mayoría absoluta la limitación del concepto de la Justicia Universal con el objetivo de que los órganos judiciales de nuestro país puedan perseguir casos de genocidio y de lesa humanidad únicamente cuando tengan una conexión sustancial con España, es decir, aquellos en los que existan víctimas de nacionalidad española o cuyos responsables se encuentren en territorio nacional. El acuerdo alcanzado entre socialistas y populares para sacar adelante esta reforma constituye un ejemplo de la cordura política y de los beneficios prácticos a los que conduce el consenso entre aquellos que representan en las Cortes a más del 80% de la sociedad española, y cuyo más reciente y significativo exponente lo encontramos en el acuerdo firmado por ambas formaciones para abrir una nueva etapa en el País Vasco. La trascendencia de esta reforma responde a la situación creada en los últimos años a raíz de las causas universales que desde la Audiencia Nacional se han abierto contra delitos cometidos en distintas partes del mundo, aun a sabiendas de que las sentencias que se derivarían de estos procesos serían inaplicables. De esta forma, jueces como Baltasar Garzón, Ismael Moreno, Santiago Pedraz o Eloy Velasco, entre otros, han abierto procesamientos de estas características sin que existiese en algunos de los casos ninguna relación con España. Entre los más significativos cabe destacar el procesamiento al dictador chileno Augusto Pinochet por terrorismo, genocidio y tortura, la investigación de ocho ex altos cargos de Guatemala por genocidio y torturas, así como las recientes demandas admitidas contra dirigentes chinos por la represión en el Tíbet y contra ex militares israelíes acusados de cometer crímenes de guerra en la franja de Gaza en 2002.La reformulación de la Justicia Universal no sólo equipara a España en esta materia con los países de nuestro entorno, sino que adapta este precepto a la doctrina tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional. Otra de las motivaciones que han impulsado al Congreso a dar el visto bueno a la iniciativa ha sido la de evitar en el futuro los conflictos diplomáticos que algunas de estas causas generaron entre España y aquellos países cuya eficacia jurídica era, de alguna forma, puesta en duda ante los ojos de la comunidad internacional. En este sentido, los jueces españoles han de tener presente el principio de subsidiariedad especialmente respecto a aquellos países que se han demostrado inequívocamente como democráticos y, por tanto, capacitados para juzgar aquellos delitos cometidos dentro de su territorio. Del mismo modo, resulta extraordinariamente positivo que el consenso en la aprobación de la reforma no se ciña únicamente al plano político, ya que cuenta con un amplio respaldo entre los miembros de la cúpula judicial. El propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, se ha manifestado en varias ocasiones en contra de que España se convierta en «gendarme judicial del mundo», sobre todo tras la creación del Tribunal Penal Internacional.La limitación de la Justicia Universal supone, por tanto, una decisión que restringirá la apertura de procesos que, generalmente, no van a ninguna parte, a los que es necesario dedicar importantes recursos personales y materiales, y que, en muchas ocasiones, han sido utilizados para satisfacer las necesidades de protagonismo de algunos jueces. No se trata de ser los policías justicieros del mundo, sino de aplicar la legalidad con rigor y eficacia.