IU avisa de que «ya existen muchos estudios y analíticas de los fosfoyesos»

«Vemos de forma positiva, a priori, todos los estudios que se quieran hacer sobre las balsas de fosfoyesos de Huelva, pero hay que recordar que ya existen muchos y numerosas analíticas que habría que recopilar». Con estas palabras se refirió ayer el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, al contrato que el Gobierno ha cerrado con Tragsatec, por un importe de un millón de euros, para llevar a cabo un informe sobre el espacio de las marismas ocupado por los restos de la actividad de Fertiberia. Más allá de esta decisión, Valderas reclamó que «se empiece a diseñar de una vez un plan de desarrollo sostenible» para el entorno de la capital onubense, en el que participen «todas las administraciones, desde la europea hasta la local, como se hizo para el entorno de Doñana».En clave económica y con el aval de la legislación ambiental comunitaria, el coordinador general de IU advirtió a los gobiernos central y autonómico que su formación estará «vigilante» para que se «obligue» a Fertiberia a «invertir en la regeneración de los terrenos ocupados por los fosfoyesos y que éstos se puedan recuperar para la ciudad».En ese sentido, el vicepresidente de la Asociación Mesa de la Ría, Aurelio González, teme que la empresa «se vaya de rositas» y aporta otra reflexión: «Si como dice la Junta, los fosfoyesos son un subproducto que no entraña peligro, Fertiberia puede llevárselo donde sea, pero tiene que hacerlo». La razón es muy sencilla: «La concesión de Costas que firmó en su día para poder verter a las marismas incluía una cláusula en la que se comprometió a retirar todos los residuos que se acumularan por encima de los dos metros y medio de altura, y se baraja que han apilado unos veinticinco».A su juicio, la dirección de la química rubricó «un contrato que no ha cumplido y para llegar a esa conclusión no hacen falta expertos ni estudios que ya no engañan a nadie». Desde esa óptica, González no entiende que el Gobierno «se vaya a gastar un millón de euros en otro, cuando hace más falta en los colegios, los institutos o los centros sanitarios». «Lo que tienen que hacer tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Junta –apostilla rotundo–es exigir a la química que se lleve lo que ha acumulado ilegalmente».Por su parte, el secretario de la asociación, Juan Manuel Buendía, apunta que «no se debe olvidar que las balsas lindan con un Lugar de Interés Comunitario (LIC), propuesto en la Red Natura 2000, como son las inmediaciones del río Tinto. De hecho, el límite del LIC es el fosfoyeso», dice. Insiste en que «ya hay suficientes informes elaborados por la propia Administración que demuestran la toxicidad de ese elemento» y augura que «el nuevo, el del millón, tampoco servirá de nada».