La crisis ha costado 3 billones en ayudas a los estados de la UE

Desde que la crisis económica estalló con toda su virulencia a mediados del pasado año, los planes de ayuda de los estados se han ido sucediendo hasta conformar una maraña de miles de millones de euros que muy pocos sabían en qué habían sido empleados y qué cuantía sumaban. Ayer, la Comisión Europea arrojó luz sobre estos paquetes de rescate lanzados por los países de la UE. Desde septiembre de 2008, los Veintisiete han destinado tres billones de euros para evitar la quiebra del sistema financiero. Una cifra muy considerable y que casi triplica el Producto Interior Bruto (PIB) español, que es de 1,1 billones de euros. La mayor parte de las cantidades empleadas por los estados, hasta 2,3 billones, corresponde a mecanismos de garantías a instituciones financieras. Es decir, avales del Estado para, por ejemplo, emisión de deuda o para asegurar los depósitos bancarios de los ciudadanos. Los planes de recapitalización de entidades financieras han costado 300.000 millones, mientras que las medidas ad hoc de rescate y reestructuración en favor de bancos y entidades, 400.000 más. No obstante, las ayudas, según precisó la Comisión, serán «significativamente menores», pues los fondos destinados a garantías constituyen una pequeña parte de la cantidad garantizada y sólo se produce un gasto presupuestario real cuando se debe ejecutar alguna de las garantías públicas. Sólo nueve de los Veintisiete no han invertido ni un solo euro en planes de rescate: Malta, Bulgaria, República Checa, Estonia, Chipre, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia. No es de extrañar que muchos de estos países sean de Europa del Este, pues, dadas su delicada situación económica y su falta de recursos, la propia UE se ha visto obligada a crear un fondo de ayuda para estos estados dotado con 50.000 millones. Neelie Kroes, comisaria de competencia de la Comisión, declaró que las condiciones impuestas y las propias intervenciones de la CE -que ha tomado más de cincuenta decisiones desde septiembre- «han evitado que los estados cayeran en la trampa del proteccionismo y exportaran sus riesgos a otros países de la Unión Europea». Ello, según detalló Kroes, ha evitado «el riesgo de colapso financiero». No obstante, la comisaria advirtió a las entidades financieras de que ahora les corresponde a ellas «depurar sus balances y proceder a una reestructuración que garantice su viabilidad futura». Pagos de la administración Además del informe sobre las ayudas, la Comisión Europea presentó también ayer una propuesta de directiva para obligar a las administraciones públicas a pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días y, si no lo hacen, obligarles a abonar intereses «durante todo el periodo de impago» e, incluso, una sanción por valor del 5% de la factura total. El objetivo de la propuesta es combatir la morosidad en la que incurren con «mucha frecuencia» las administraciones públicas en un momento de crisis en que el impago está abocando a la bancarrota a muchas Pequeñas y Medianas Empresas (pymes). «No debemos seguir tolerando la morosidad de las administraciones públicas. La propuesta supone una importante contribución para superar la crisis económica, ayudando a evitar nuevas quiebras y favoreciendo la tesorería de las empresas europeas para reforzar su competitividad a largo plazo», declaró el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario responsable de Empresa e Industria, Günter Verheugen, en rueda de prensa, informa Ep. El comisario criticó que el impago de las administraciones no sólo crea «daños políticos», sino que genera «la pérdida de confianza» en su gestión, además de provocar con «mucha frecuencia» la bancarrota de empresas en un contexto de crisis y de falta de liquidez en los mercados. «No hay ninguna disculpa», recalcó, sobre todo por el posible «efecto dominó» que representa el impago administrativo a una empresa.