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La mujer del alcalde pasaba los gastos a las empresas que pagaron la campaña

La mujer del alcalde pasaba los gastos a las empresas que pagaron la campaña
La mujer del alcalde pasaba los gastos a las empresas que pagaron la campañalarazon

madrid- «Buenas tardes Carmina. Finalmente han sido 276 entradas en el pase de esta mañana. Te adjunto presupuesto ajustado a lo que hablamos, 4,2 por entrada. Dime, por favor, los datos de a quién tengo que hacer y enviar la factura para poder tramitarlo. Saludos». «Alejandro, vamos a pasarlo a la cooperativa Helechos. En breve te pasan los datos, gracias. Un saludo, Carmina». Este es el contenido de los correos electrónicos intercambiados entre el 26 y 27 de marzo de 2007, entre Carmen Blázquez Roblas, entonces directora de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Leganés –y mujer del actual alcalde, Rafael Gómez Montoya– y Alejandro Sanandrés, representante de los cines Yelmo Cineplex. La factura de 1.159,20 euros, que cargan a la empresa Helechos, (una de las que financió parte de la campaña electoral de Montoya en las municipales de 2007) corresponde a cerca de 300 entradas de cine de un pase gratuito que el Ayuntamiento de la localidad «regaló» para ver el documental de Al Gore «Una verdad incómoda». El mail muestra cómo es la mujer de Montoya la que ordenaba qué pagos se cargaban a cada empresa y cómo los contratantes acudían a ella para preguntar qué debían hacer. En otro mail, una asociación ecologista («Seo/BirdLife»), vuelve a pedir a «Carmina», que «les pase los datos» para hacer «la factura que tienen pendiente». En esta ocasión, se trataba de unos cursillos de medio ambiente con motivo del «Día del Ave». La empresa Urbaser (otra de las que insertó publicidad electoral en la campaña de Montoya) pagó esta vez la factura que ascendió a 2.644,80 euros.Estos correos volverían a poner de manifiesto el presunto «modus operandi» habitual en la Concejalía de Medio Ambiente a la hora de «repartir» el dinero del conocido como 1,5 por ciento. Y es que, las empresas están obligadas por contrato a aportar un montante económico equivalente al 1,5 por ciento del valor global de la adjudicación y ponerlo a disposición del Ayuntamiento en cualquier momento que se solicite para realizar las campañas informativas o de comunicación que se estimen oportunas. La Justicia está investigando si con estos fondos se financió parte de la campaña del PSOE de Leganés en las elecciones municipales de 2007.