«Una cosa es lo que diga y otra lo que haga»

Madrid- Después de permanecer más de cuarenta años cerrado, el bar «La esquina de Alcalá» abrió sus puertas al público en diciembre de 2003. Un día que no olvidarán muchos de sus vecinos, quienes han denunciado al establecimiento en varias ocasiones. El problema: el humo y los olores a fritos invaden las viviendas. Y es que, según explicó una de estas vecinas, la cocina del establecimiento es de carbón y las chimeneas por las que debe salir el humo son de rasilla y están llenas de hollín, por lo que no son ignífugas ni estancas.

La cafetería vulneraría así el artículo 57 de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid del 13 de marzo del 2003. Ante las reiteradas quejas de los vecinos, el dueño del establecimiento propone que le dejen sacar las chimeneas por la fachada, pero éstos se niegan porque por ahí ya van los tubos del gas y sería muy peligroso.

«Vas a estar tragando olores hasta que a mí me dé la gana, si no votas a mi favor». De este modo se dirigió el propietario a una de las vecinas que se atrevió a denunciar. Lejos de amedrentarse, ella siguió adelante. Sin embargo, tuvo que esperar casi seis meses desde que hizo la denuncia para que un técnico del área de Medio Ambiente se personase en el lugar. El técnico en cuestión era Javier S., cuyos expedientes podrían ser revisados por el juez de la operación «Guateque», Santiago Torres, a petición del sindicato de funcionarios Manos Limpias.

Prueba con trampa

Una vez allí, el técnico municipal manifestó que había hecho una prueba de olores y que había dado negativa. Según la vecina afectada, ese análisis tenía trampa, ya que si el bar no enciende el extractor para cocinar los olores no suben a los pisos. En el momento de la prueba ese aparato estaba apagado. El funcionario asegura que esas chimeneas son industriales y que en los pisos no hay olores ni humos. Así, solicita, simplemente, una serie de reformas al establecimiento.

Tras esta visita, el 22 de junio de 2005, la Policía Municipal levanta un acta contra el establecimiento por «ejercer actividad de bar, no presentando licencia de funcionamiento». Ese mismo día, acuden a la vivienda de la vecina afectada y dejan reflejado que hay emanaciones fuertes de olor a comida en el domicilio particular.

En octubre de ese mismo año, la cervecería presenta un informe realizado por un perito que ellos mismos han contratado para confirmar que ya se habían realizado las reformas. En ese estudio consta que «la chimenea ha sido reparada» y que es exclusiva del local. Certifica que la chimenea es «estanca en todo su recorrido» y conserva los registros necesarios para la recogida de grasas. Y remata diciendo que se ha comprobado que la emisión de humos y olores desprendidos no afecta a ningún vecino.

Lo más curioso es que los vecinos no recuerdan haber recibido la visita de este perito. Ante las sospechas de que algo no encajaba, ya que los problemas persistían, una de las vecinas decide contratar a un ingeniero técnico industrial y perito judicial para que realice un informe pericial. Las conclusiones de este segundo informe distan mucho del aportado por el dueño del local. En primer lugar, queda reflejado que en la citada finca «no está permitida, ni autorizada por la Comunidad de Propietarios la instalación de conductos de extracción de humos de combustión».

Malos materiales

Manifiesta que el local «no cuenta con chimenea exclusiva de tiro forzado que cumpla con la normativa vigente» en lo que se refiere a su aislamiento, materiales empleados y distancia de elevación en la cubierta del edificio. Asimismo, certifica que el humo procedente del bar circula por los «conductos de ventilación natural del edificio» y éstos no pueden ser utilizados como chimenea de extracción de gases de combustión.

Con este informe en la mano, la vecina afectada llamó a Javier S., que la increpó por haber buscado a un perito judicial. Ella le dijo que se vio obligada, ya que él «no hizo bien su trabajo». Según la versión de la vecina, durante la conversación el funcionario reconoció que esas chimeneas no eran estancas. La mujer le preguntó entonces que dónde estaba el problema para que hiciese el informe negativo correspondiente y su respuesta fue: «Una cosa es lo que yo diga y otra cosa lo que haga».

Petrificada se quedó. Días después acudió al jefe de este técnico de Medio Ambiente, quien al ver las fotografías le preguntó si las chimeneas eran de Vallecas, que eso era inaceptable y que en su vida había visto cosa igual. Sin embargo, su firma estaba junto a la de Javier S. en el informe donde se aseguraba que todo era legal. Cuando esta vecina le enseñó su propia firma no daba crédito. Aseguró que no había visto ese informe ni las fotografías que se adjuntaban. Firmar algo sin verlo ni leerlo resulta incomprensible. La odisea de esta mujer no terminaba aquí, ni mucho menos.

En noviembre entra un nuevo inquilino en el edificio y se encuentra con el mismo problema. Decide denunciar los hechos y desde el Ayuntamiento le responden que las chimeneas están así porque él ha hecho obra. No dicen nada del hollín ni de los gases acumulados en los conductos. Todo estaba arreglado, según el técnico, pero un acta de la Policía Municipal de enero de 2006 dice lo contrario. El establecimiento aún mantenía abierta su cocina y ya se les había notificado la «resolución de cese» de esta actividad. No tenía licencia de funcionamiento y, por tanto, estaba incumpliendo la notificación firme de cese. Nadie tomó medidas y la cervecería «La esquina de Alcalá» continuó ofreciendo comidas a sus clientes.

Falsa promesa

Esta vecina siguió con su lucha y acudió al gerente de la Junta Municipal de San Blas para contarle su caso. Al término de la reunión, según explica, le aseguró que esa cocina no se iba a abrir más porque las chimeneas no eran las adecuadas. Una semana más tarde, el local abrió la cocina y el gerente no volvió a cogerle el teléfono.

Un año después, los vecinos siguen soportando los humos y los olores. Alguno de ellos ha hecho obra para solucionarlo, pero les han advertido de que el edificio es una bomba de relojería. La acumulación de hollín y gases en esos conductos podría provocar una grave explosión. Ante la pasividad de todas las instituciones a las que han acudido, este caso ha sido admitido a trámite por lo contencioso-administrativo.

Y no es la única medida judicial. Tras examinar este expediente, el sindicato de funcionarios Manos Limpias considera que existe «la presunción más que razonable» de que el técnico Javier S. «emitió un informe contrario a derecho». No es el único caso, ni el único expediente irregular firmado por este técnico municipal. Por esta razón, el sindicato solicitó al juez Torres, encargado de la operación «Guateque», que revise todos los expedientes tramitados por este empleado municipal. Según fuentes cercanas a la investigación, está previsto que hoy se reanuden los interrogatorios.