Vuelve el urbanismo legal a la costa

Los municipios andaluces, en especial los del litoral, han «retornado» a la legalidad urbanística. Así lo aseguró ayer el titular del Consejo Consultivo de la comunidad, Juan Cano Bueso, tras entregar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la memoria de actividades de 2008 del citado organismo. «Hay un retorno a esa legalidad en la franja costera, sobre todo de algunos municipios castigados por el urbanismo salvaje. Se está produciendo una reorganización y reordenación de la legalidad de una manera clara y contundente», proclamó Cano Bueso, reproduciendo una de las conclusiones del informe del Consejo.
Es más, atribuyó esa «vuelta» al redil de la ley al mayor conocimiento de los procedimientos sobre la legalidad urbanística y al efecto disuasorio de las operaciones policiales y judiciales llevadas a cabo en las «zonas calientes», como Marbella o Estepona. De hecho, se refirió a estas dos localidades de la Costa del Sol para convertirlas en ejemplo de este proceso, dado que sus ayuntamientos están haciendo un «gran esfuerzo» por «regresar al mundo de la legalidad» urbanística, según Cano Bueso. Para ello «necesitan revisar» la licencias concedidas hace tiempo que van «contra la ley y son, por tanto, nulas», matizó para brindarles el «apoyo constante y el asesoramiento que precisen» del Consejo en una «tarea encomiable».
Sin miedo a los precedentes aseveró también que el clima de lucha contra la corrupción urbanística que se ha creado desde los órganos de la Unión Europea y los de la propia Administración autonómica ha hecho «mella» y ha «impactado» sobre «la mentalidad de quienes tienen que resolver los temas urbanísticos y, por tanto, se exige un cumplimiento del ordenamiento jurídico mucho más alto que en el pasado», apuntó sin titubeos.

Radiografía diferente
¿Cómo se conjuga ese dictamen del Consejo con la realidad? A tenor de las organizaciones ecologistas: «Mal». Fuentes de los servicios jurídicos de WWF/Adena advierten de que «no todas las infracciones urbanísticas son legalizables, con lo que la afirmación general de que los municipios andaluces han ‘retornado' a la legalidad no se puede hacer a la ligera». Para el secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción en Andalucía, Juan Clavero, la aseveración es «una vergüenza». Y quiso clarificarlo: «Se han construido viviendas ilegales en suelos no urbanizables de localidades como Chiclana (Cádiz), donde existen 25.000 y sólo se ha demolido una; y, por otro lado, se ha edificado con licencias ilegales en áreas como la Costa del Sol malagueña, donde tampoco se ha tirado nada aún».
Su argumentación no acaba ahí: «Según la LOUA, regresar a la legalidad es retornar el territorio a su estado original», por lo que a su juicio, aún hay que «derribar todo lo construido ilegalmente y tramitar las sanciones oportunas, porque los responsables siguen en la calle». «Si lo que se pretende ahora es partir de cero –matiza– es un fraude de ley». A su juicio, «no existe determinación política para acabar con los desmanes urbanísticos. Y eso que lo que ha salido hasta ahora es sólo la punta del iceberg y si no se cometen más es porque la crisis ha paralizado la construcción. Sin mano dura, volveremos al urbanismo salvaje cuando pase», auguró. En opinión de Clavero, para sellar la brecha de la corrupción, «el discurso de los políticos debe ser muy firme».

El SAS acumula el mayor número de quejas de los ciudadanos
Según se refleja en la memoria 2008 del Consejo Consultivo Andaluz, el número de dictámenes emitidos ascendió a 771, de los que 634 lo han sido en sentido favorable a la resolución de la Administración, 84 en sentido desfavorable y 53 han sido devueltos.
- De la distribución por materias, destacan los relativos a la responsabilidad patrimonial, con 444 (58%); revisión de oficio, con 102 (13%); contratación administrativa, 85 (11%); urbanismo, con 65 (8.4%); proyectos de decreto y orden, 57 (7,3 %) y facultativos, 9 (1 %).
- El principal consultor es el Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque es donde los ciudadanos producen un mayor número de quejas, de las cuales la mayoría luego no «tienen fundamento ni en el terreno científico ni en el jurídico», según apuntó el representante del órgano, Juan Cano Bueso. En ese sentido, explicó que el Consejo tiene algunos criterios desde el punto de vista sanitario que el SAS no comparte, como que el órgano consultivo es muy estricto sobre la garantía de desinfección en quirófanos.