Qué se juega la colonia con el Brexit: ¿es posible un referéndum para volver a España?

Gibraltar abandona hoy la Unión Europea junto al Reino Unido, pero durante los próximos once meses, hasta el próximo 31 de diciembre, se dará un periodo de transición. A lo largo de este periodo, Reino Unido y la Unión Europea deberán negociar para decidir cuáles serán las condiciones que regirán la frontera de la colonia británica con España. Pero cualquier acuerdo entre la UE y Reino Unido que tenga que ver con Gibraltar, necesitará tener el visto bueno de España. Algo que despierta la preocupación en la población de Gibraltar y de La Línea de la Concepción, que ven muchos riesgos en la coyuntura actual, porque ambos países podrían utilizar la frontera que muchos cruzan a diario, como una herramienta de presión en las negociaciones.

También miran con recelo que se vuelva a reabrir el debate sobre la soberanía del Peñón, que se remontan a 1704, cuando una escuadra anglo-holandesa comandada por el almirante Rooke, decidió saquear y tomar Gibraltar. Desde entonces, y en virtud del Tratado de Utrecht de 1713 -que puso fin a la Guerra de Sucesión Española-, la región se ha mantenido bajo control británico.

En 2006, Reino Unido dio a la colonia una Carta Magna que aseguraba su autonomía, pero reservaba para el Gobierno de Londres la agenda de Seguridad y Relaciones Exteriores. A través de los siglos, sucesivos Gobiernos españoles han reivindicado la soberanía sobre el territorio ocupado. En abril de 2019, el Parlamento Europeo reconoció Gibraltar como colonia británica (hasta entonces se hablaba de “territorio de Gibraltar”).

En esta situación, un 96% de los ciudadanos británicos de Gibraltar votaron por la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, ya que la salida cambiaba el régimen fronterizo que aplicaría a partir de entonces. La situación podría -incluso- generar el cierre de la Verja, como ya ocurrió hace 51 años, cuando Franco utilizó la medida para forzar su postura sobre la soberanía española del territorio.

Tras el referéndum del Brexit de 2016, España presentó ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta de negociación con Reino Unido sobre la instauración de la soberanía conjunta del territorio, que incluiría la posibilidad de otorgar la doble nacionalidad a los gibraltareños, y la plena autonomía política de la región.

Esta medida también evitaría el temido aislamiento de Gibraltar, que supondría enormes pérdidas económicas a un lado y al otro de la frontera, y perjudicaría a los casi 10.000 ciudadanos españoles que cruzan cada día la Verja para trabajar. Los gibraltareños, por su parte, reciben a diario cientos de camiones de mercancías que, en caso de una frontera cerrada, tendrían que llegar por mar, algo evidentemente mucho más costoso y supondría el encarecimiento de productos básicos. Por otro lado, también sería un duro golpe para el Campo de Gibraltar, una región formada por ocho municipios: Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Castellar, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo. La frontera dura amenazaría los 700 millones que percibe la región cada año de Gibraltar.

Pero el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, del Partido Laborista, avisó que España «se equivoca por completo» si piensa que van a permitir alguna cesión sobre su soberanía. Para Picardo, esta es «una causa perdida». Pero también anunció la intención de Gibraltar de unirse a la zona Schengen después del Brexit.

El Gobierno español -por su parte- pretende que esa relación con Gibraltar sea lo más intensa y fluida posible, “lo más parecida posible a la relación actual, pero sin que participen en las instituciones europeas”, sentenciaban desde el Ejecutivo español. También aboga porque se mantengan todos los derechos, tanto de los españoles que residen o trabajan en la región, como de los ciudadanos británicos que viven en España.

El próximo Consejo de Ministros deberá aprobar el acuerdo fiscal de España y Reino Unido con Gibraltar, un contrato que trata de combatir la evasión de impuestos y que el Peñón se convierta en un paraíso fiscal. Después deberá ser ratificado, tanto por el Congreso de los Diputados español, como por el Parlamento británico. Y será el primer tratado que firman España y Reino Unido a ese respecto desde el Tratado de Utrecht.