Nueva Delhi está viviendo otro capítulo más de violencia desmedida en la dilatada historia de enfrentamientos entre hindúes y musulmanes que periódicamente se producen en India. Manifestantes partidarios y contrarios a la nueva y polémica Ley de Enmienda de la Ciudadanía se echan la culpa mutuamente por haber iniciado unas confrontaciones que ya han dejado más de dos decenas de fallecidos y casi 200 heridos de ambos lados.

Los ataques han escalado con rapidez desde el domingo y varios focos de multitudes nacionalistas han sitiado barrios del noreste de la ciudad en las peores hostilidades que se han vivido en la capital en décadas. En esa zona de la urbe reside una población de mayoría musulmana que se siente discriminada por su credo y que se echó a la calle para protestar por la nueva norma.

Las redes sociales vuelven a ser la plataforma donde las víctimas, en su mayoría islamistas, están denunciando los episodios de abusos que están sufriendo. Una de las imágenes muestra a un hombre que, mientras es atendido de sus heridas por los servicios de emergencia, afirma haber sido acorralado junto a su padre anciano y obligado a recitar proclamas religiosas hindúes.

Hacerlo no los libró de la paliza con palos que recibieron mientras otros atacantes prendían fuego a su motocicleta. Según cuentan los testigos, la muchedumbre se está dedicando a identificar a los musulmanes preguntándoles por su nombre, pidiéndoles su tarjeta de identificación e incluso haciendo que se bajen los pantalones para comprobar si se les ha realizado la circuncisión.

Otras escenas reflejadas en las redes sociales están mostrando el éxodo de familias enteras que huyen en masa con sus pertenencias para evitar vivir los ataques en casas, comercios e incluso mezquitas.

El odio del nacionalismo hindú hacia la población musulmana es profundo, mutuo y viene de muy lejos, aunque la cronología de los sucesos recientes encuentra su origen en la Ley de Enmienda de la Ciudadanía, aprobada el 11 de diciembre por el Parlamento, donde el partido nacionalista, Bharatiya Janata, liderado por el primer ministro de India, Narendra Modi, tiene la mayoría.

La norma concede amnistía a los inmigrantes ilegales no musulmanes de ciertos países donde la religión mayoritaria es la musulmana. Hasta este momento, cualquier migrante sin visa o documentación reglada que residiera o trabajara en el país podía optar a la ciudadanía después de transcurridos 11 años.

Discriminación a los musulmanes

Con la nueva ley, estos tiempos se reducen a seis años si se es ciudadano de Pakistán, Bangladés o Afganistán y se tiene un credo que sea hindú, sij, budista, jainista, parsi o cristiano. Los musulmanes quedan fuera de la ecuación y tanto la oposición de este país profundamente polarizado como la población afectada no tardaron en protestar o echarse a la calle.

Desde que comenzaron los enfrentamientos el domingo, las reacciones han llegado de todas las esferas. El propio Modi ha publicado un tuit este miércoles en el que ha pedido paz y ha anunciado que “tras revisar la situación, la policía ya está trabajando en restablecer la normalidad”.

Poco después de su anuncio en redes sociales, se ha confirmado que los militares también se han desplazado a los focos violentos más activos. La lideresa opositora, Sonia Gandhi, ha pedido la dimisión de Amit Shah, ministro de Interior, por incitar al odio con un discurso en el que culpaba de la situación a la población musulmana.

Otros miembros del gabinete de Modi también han sido acusados de propagar mensajes en contra de la minoría religiosa, un modus operandi que no es nuevo. Durante las revueltas de 2002 en el estado de Gujarat, se produjeron innumerables incidentes donde perdieron la vida 790 musulmanes y 254 hindúes.

Los primeros fueron acusados de incendiar un tren en el que perdieron la vida 60 peregrinos y la oposición siempre criticó que Modi, por aquel entonces gobernador de Gujarat, mirara hacia otro lado cuando durante meses se atacó a musulmanes por el mero hecho de serlo, en lugar de limitarse a buscar y juzgar a los culpables.

Los incidentes actuales han coincidido con la presencia hasta el martes y durante 36 horas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el país. Ninguno de los dos mandatarios hizo referencia alguna a unos episodios violentos que vuelven a poner de relieve un problema fundamental en India: el racismo.