El lujo chavista en Miami: tres millones de dólares en jet privado, compras en Prada y un “peluco”

La acusación que ha hecho la Fiscalía de Estados Unidos contra jerarcas del régimen venezolano apunta a Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa, y al presidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno.

El primero está acusado de conspirar para distribuir cocaína en aviones registrados en Estados Unidos, pues recibió sobornos de traficantes para permitir vuelos cargados de cocaína sobre territorio venezolano en ruta hacia Centroamérica.

Su respuesta fue un comunicado publicado este sábado en el que afirma que "hoy las garras del imperio norteamericano se lanzan feroces sobre el corazón de la nación, formulando impúdicas e infundadas acusaciones" en su contra y de otros, como una manera de desviar la atención por la crisis sanitaria estadonudese generada por el coronavirus y una respuesta "fracasada" de la Casa Blanca.

Moreno se ha limitado a poner en su cuenta de Twitter un par de frases. "No habrá fuerza, chantaje, ni sanciones que desnaturalicen o secuestren la justicia venezolana", escribió en una publicación, y luego posteó otra: "Mantengamos la gloria de nuestros libertadores no permitamos q nuestra Patria sea conquistada por naciones que se pretenden imperios".

Ello a pesar de que la acusación en su contra por lavado de dinero en Florida, con fondos provenientes de la corrupción en Venezuela y por sobornos, es mucho más detallada. Aunque no se ha divulgado el expediente específico de este caso, el Departamento de Justicia resumió algunos elementos de convicción en un documento público.

Por ejemplo, la Fiscalía estadounidense afirma que el magistrado Maikel Moreno autorizó la intervención y posterior venta de una planta de General Motors por un valor estimado de 100 millones de dólares, a cambio de recibir un porcentaje del dinero. Así, también habría pedido sobornos en casos multimillonarios de fraude para que los tribunales miraran a otro lado.

Además, el fiscal general en Washington afirma que los registros bancarios de Maikel Moreno muestran que entre 2012 y 2016 pagó unos tres millones de dólares, principalmente en el sur de la Florida. Por ejemplo, pagó un millón por alquilar un avión privado con piloto, más de 600.000 en compras en tiendas de lujo como Prada y Salvatore Ferragamo en Bal Harbour -una villa exclusiva en Miami-, 50.000 en una onerosa relojería en Aventura -un distrito de la misma ciudad-, y 40.000 dólares en pago al “director de un concurso de belleza venezolano”, del cual no se divulga el nombre.

La esposa de Maikel Moreno, Debora Manicucci, ganó el Miss Venezuela en 2014 y ambos mantienen buena relación con quien dirigía el certamen, Osmel Sousa. En una entrevista en 2018 al portal Runrunes, el llamado "zar de la belleza" venezolano admitía su cercanía con ambos. "Siempre he tenido amigos y conocidos en el gobierno y en la oposición. No es distinto ahora. Lo que ellos hagan en política no es asunto mío, y no diré más", respondía.

Sousa no es el único que ha dirigido concursos de belleza en Venezuela, donde existen varios certámenes nacionales y regionales, con al menos cuatro de ellos televisados.

Un aliado con cámaras

Según las autoridades de Estados Unidos, Moreno declaró a instituciones migratorias, cuando solicitó visa de turista en 2014, que sus ingresos eran de unos 12.000 dólares al año. Pero entre 2012 y 2016 los registros bancarios el magistrado muestran depósitos por hasta tres millones de dólares, provenientes principalmente de compañías de maletín y cuentas bancarias ligadas a “Conspirador 1”, un abogado que ahora controla una compañía de comunicaciones.

De manera extraoficial se asume que esa persona es Raúl Gorrín, un abogado que pasó a ser dueño del canal venezolano Globovisión, y que está acusado de lavado de dinero en Miami desde noviembre de 2018, por supuestamente haber pagado 159 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios a cambio de lucrativas operaciones con divisas extranjeras y de esconder los beneficios en propiedades de lujo en Nueva York y Florida.

Gorrín también está siendo investigado en un caso que implica a varios empresarios conectados con el gobierno por el lavado de 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal Pdvsa. En este caso, conocido como “Operación Money Flight”. Aunque su nombre no aparece en el expediente, personas relacionadas con el caso han dicho a medios como La Voz de América o Univisión que Gorrín es “Conspirador 7”, identificado en documentos judiciales como el multimillonario propietario de una televisora venezolana.