Las incógnitas de la bicefalia en Israel

La política israelí se ha instalado en lo impredecible. Cuando parecía que Benny Gantz, el líder de Azul y Blanco, se estaba arrepintiendo de su voluntad de conformar un gobierno de unidad nacional con Benjamin Netanyahu, finalmente firmó el martes un pacto de coalición inédito: por primera vez en la historia del estado judío, formalmente existirán dos primeros ministros.

El acuerdo de rotación, que establece que el líder del Likud ejercerá en una primera cadencia de 18 meses, apunta también que el segundo será formalmente un «sustituto» en caso de necesidad. Netanyahu logra así seguir en el cargo –más de 14 años y el líder más longevo de la historia de Israel–, y todos los focos se centran ahora sobre la Corte Suprema, que todavía no dictaminó si un líder con tres causas criminales abiertas por soborno, fraude y abuso de confianza puede ejercer en el cargo.

Se trata de un acuerdo firmado a contrarreloj y con manifiesta desconfianza mutua. El «Rey Bibi» no tenía prisas: las encuestas vaticinaban que unas cuartas elecciones le beneficiarían, y apuraba para incluir apartados que le reforzaran en su lucha abierta contra el sistema judicial.

Y Gantz estaba vendido. Tras la salida de Azul y Blanco de sus ex socios Yair Lapid y Moshé Ya’alon por «arrastrarse» al gobierno unitario, sus intentonas de presionar con tratar aprobar una ley para evitar que un imputado ejerciera como primer ministro, cayeron en saco roto.

A su favor, algunos analistas apuntan que sustituirá a Netanyahu en octubre de 2021, y que será quien nomine a los ministros de Azul y Blanco. La incógnita, ahora, es si se respetará lo pactado.

Será el gobierno más inflado de la historia: habrá 36 ministros y 16 viceministros. Además, con un Likud que tendrá mayoría en la comisión parlamentaria de asignación de jueces, Netanyahu logrará de facto vetar la nominación de magistrados a la Corte Suprema, organismo al que tildó de «estado profundo» que pretende encarcelarle.

Otros silenciosos ganadores son los ultraortodoxos Judaísmo Unido por la Torá y Shas, que lograron imponer todas sus exigencias: ya sea en cargos (mantienen el ministerio de sanidad a pesar la polémica gestión de su titular, Yaakov Litzman, infectado por el virus al no respetar el distanciamiento social), o históricas ventajas sociales, como la exención de los jóvenes estudiantes en escuelas rabínicas de servir en el Ejército.

En el diario «Maariv», la doctora Orna Berry denunciaba que en un mes de negociación, ambas formaciones se centraron en cómo repartir los cargos, y que «solo más adelante fijarán sus líneas de actuación». Y se preguntaba: «¿Así tratan al público en plena crisis por el coronavirus? ¿De esto hablaron durante semanas mientras la industria se hunde y la gente pierde su sustento?». Además, Berry apuntó que «secuestran la función de la Knesset como representación de la soberanía popular», ya que no se podrá legislar durante el primer medio año por la situación de emergencia por la pandemia.

Desde el progubernamental Israel Hayom, el doctor Haim Shain consideraba que las denuncias por posible ilegalidad en el pacto de coalición son «un último intento, de los medios y las viejas élites, de intentar tumbar al gobierno de unidad. Esperemos que la Corte Suprema no caiga en la trampa».

El gobierno en funciones manejó con antelación la entrada del coronavirus: con la imposición de confinamientos obligatorios a quienes ingresaban a Israel procedentes de países con altas cotas de contagio –incluido España–, así como la imposición de restricciones graduales en la actividad económica y pública, hasta ayer se registraron 198 muertes.

El gran reto a afrontar, no obstante, serán las dramáticas consecuencias socioeconómicas: por primera vez en su historia, Israel afronta una realidad con más de un millón de parados, en un país de casi nueve millones de habitantes.

El ex primer ministro laborista, Ehud Barak, lanzó este fin de semana una bomba: «El acuerdo apesta. Es un pacto corrupto, en que Gantz y Ashkenazi (su «número dos») al parecer se liberan de las amenazas de revelar asuntos turbios personales y judiciales, y a cambio dan vía libre a Netanyahu para saltarse la justicia. Netanyahu obtuvo información sobre ellos de modo ilegal».

Para más inri, la reportera parlamentaria Dafna Liel lanzaba más dudas ayer en su perfil de Twitter: «Fuentes del Likud comentan que si la Corte Suprema se involucra en lo más mínimo en los detalles del acuerdo, forzarán las cuartas elecciones. Y le convendrían a Netanyahu: culparía a la justicia y desmontaría a Gantz».

El acuerdo también supone la defunción –ideológica y numérica– del partido laborista Avodá: dos de sus tres parlamentarios se unirán al gobierno unitario, que también estableció el inicio de la anexión de territorios y colonias judías de Cisjordania a partir del 1 de julio.