Francia deja en manos de los alcaldes las medidas de desescalada

El Gobierno francés inició este miércoles las discusiones con los representantes locales y delegados territoriales para coordinar las medidas de la desescalada, a partir del 11 de mayo, cuando la vuelta a las aulas y los diagnósticos de contagiados por el coronavirus quedarán directamente en sus manos.

Dentro del cauteloso plan de salida del confinamiento, anunciado este martes por el primer ministro de Francia, Édouard Philippe, es precisamente el regreso a las clases lo que más incertidumbre despierta. Según una encuesta del centro OpinionWay para el diario “Les Échos” publicada este miércoles, los franceses se muestran divididos ante la idea de reabrir las escuelas, lo que solo aprueba un 49% de la población.

El porcentaje de respaldo social es mucho mayor en lo que respecta a otras disposiciones del plan, aprobado por la mayoría de diputados, como el mantenimiento del teletrabajo (93%), la obligación de llevar mascarilla en el transporte público (82%) o la prohibición de celebrar ceremonias religiosas hasta el 2 de junio (80%).

Tras una reunión virtual con las asociaciones de ediles, Philippe insistió ante los diputados este miércoles en que sean los alcaldes quienes comuniquen a los responsables educativos cómo reabrirán o no las escuelas. “No soy yo quien podrá decirlo, ni el ministro de Educación, a menudo será el director de la escuela, el alcalde o el representante local del Ministerio, y tengo plena confianza en estos tres actores”, señaló Philippe en la Asamblea Nacional, en el turno de preguntas al Gobierno.

La decisión se tomará así en función de la localidad, pero también de las condiciones de la escuela y del número de alumnos por centro. Una particularidad que defiende la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF, en sus siglas en francés), que aplaudió esta decisión, aunque reclamó más precisión.

"El carácter voluntario del regreso a las clases no debe cuestionar el principio de instrucción obligatoria para todos. Este principio debe prevalecer incluso durante la crisis sanitaria", defendió el organismo, que pide orientación en cuanto a las actividades extraescolares y la desinfección de los centros.

Según el plan anunciado el martes, los alumnos de infantil y primaria podrán reincorporarse a partir del 11 de mayo, los de los primeros cursos de secundaria desde el día 18 y la decisión sobre los de los últimos años de secundaria y bachillerato se tomará a finales de ese mes. Además, en las guarderías habrá un máximo de diez niños por grupo y de quince en los colegios.

Sin embargo, no son pocos los alcaldes que manifiestan su voluntad de mantener los centros cerrados, por no contar con medios suficientes para garantizar la seguridad. “Habrá un protocolo que se aplique escuela por escuela. Vamos a intentar asumir el desafío, aunque sea muy complicado, sobre todo cuando la mayor incógnita es saber cuántos niños van a venir el 12 de mayo”, dijo a Efe Marc-Andreu Sabater, alcalde de la localidad normanda de Vire.

Sabater y sus equipos barajan medidas como la rotación de alumnos en caso de que se superen los quince por clase, mientras buscan métodos de acogida para el resto, a quienes intentarán mantener en otras aulas siguiendo el mismo programa que sus compañeros. “Si no podemos garantizar la seguridad de niños y profesores, no abriremos”, aseguró el edil.

Los responsables locales y territoriales tendrán también un papel fundamental en el diagnóstico de contagiados y en el reparto de mascarillas, cuyo uso será obligatorio en el transporte público, para profesores y alumnos desde secundaria, y recomendado para el resto de ciudadanos

Para los 700.000 test semanales que el Gobierno pretende realizar, el primer ministro indicó que se harán pruebas a todas las personas que presenten síntomas, así como a las que hayan estado en contacto con los contagiados confirmados de coronavirus.

Estos contactos, que estiman en entre 25 y 30 personas, serán evaluados por brigadas responsables de trazar la cadena de contagios y que será sobre todo gestionada a nivel municipal, una sugerencia del Consejo Científico que asesora al Ejecutivo.

“Dado el tamaño de nuestro país, habrá que contar con unas 30.000 personas: médicos, enfermeros, miembros de asociaciones, los servicios sanitarios del ayuntamiento... Si no, no funcionará”, defendió la semana pasada Jean-François Delfraissy, presidente del Consejo Científico, en una entrevista al diario “Le Monde”.