Bruselas entierra el sistema de cuotas obligatorias para el reparto de refugiados

Bruselas consagra la solidaridad «a la carta». Después de que los países del Este hayan boicoteado hasta la extenuación cualquier mecanismo de reparto de refugiados a través de cuotas obligatorias, la Comisión Europea ha claudicado. El Ejecutivo presentó ayer una nueva propuesta que instaura una suerte de «contribuciones flexibles». Los países que no quieran arrimar el hombro acogiendo refugiados podrán optar por un menú que incluye desde cooperar en las repatriaciones forzosas a proveer de infraestructuras o soporte técnico para los países que más sufran la presión de las llegadas. De esta forma, se cumplen los peores pronósticos de los países de entrada que, como España, Italia y Grecia, ya llevaban advirtiendo contra posibles trajes a medida.

La crisis de refugiados de 2015 debido al recrudecimiento de la guerra en Siria causó una brecha entre Este y Oeste del club comunitario cuyas heridas siguen supurando. Como modo de olvidar viejos traumas, Bruselas propone un nuevo punto de partida que supone una enmienda a la totalidad a la propuesta del anterior Ejecutivo comunitario presidido por Jean-Claude Juncker. En aquel momento, Bruselas defendía contra viento y marea un mecanismo de reparto obligatorio de refugiados para aliviar la presión sufrida por Grecia e Italia y quería instaurar un sistema permanente para crisis venideras, según criterios objetivos del PIB y la población de cada país.

Tras el rotundo fracaso por la negativa del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) y la desidia de gran parte de las capitales, la Comisión Europea pretende empezar de cero. Según declaraciones de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se trata de encontrar un «nuevo equilibrio» entre responsabilidad y solidaridad con el objetivo de «reconstruir la confianza entre los Estados miembros».

Expulsiones más rápidas

Bruselas pretende agilizar las repatriaciones de aquellos inmigrantes ilegales que no tienen derecho al asilo. Para ello, se impondrá un nuevo sistema de chequeo en frontera con una duración de cinco días. Pasado este periodo, se decidirá de manera preliminar si esa persona debe seguir el proceso de repatriación o si debe ser evaluada una demanda de asilo. El propósito es desincentivar las llegadas ilegales y poner cortapisas a las mafias de tráfico de personas.

Habrá un tratamiento especial para menores no acompañados y personas enfermas o en situación de vulnerabilidad. Para que no se produzcan abusos, cada Estado deberá poner en marcha un mecanismo independiente de vigilancia con el asesoramiento de la Agencia de Derechos Fundamentales Europea.

Colaboración con terceros

Actualmente los retornos efectivos a los países de origen no llegan al 40%, en la mayoría de los casos por la falta de cooperación de los Estados emisores. Bruselas quiere llegar a acuerdos individuales con terceros países. A cambio de facilitar las repatriaciones, se facilitaran visados legales para inmigrantes cualificados y ayuda económica para el país.

Tramitación de llegadas

El Convenio de Dublín obliga a que las demandas de asilo se efectúen en el país de llegada y debe ser este Estado el que evite que el demandante de asilo se desplace libremente por el espacio Schengen. Los países del sur creen que esta presión es excesiva, ya que a esto se une también responsabilizarse de los procesos de expulsión para los inmigrantes irregulares. Bruselas prometió la semana pasada «abolir» este Convenio pero la propuesta realizada ayer resulta algo más tímida. La Comisión quiere ampliar el menú a la hora de considerar qué país debe tramitar las demandas y acoger de manera definitiva al demandante de asilo. Se tendrán en cuenta la presencia de familiares en otros países, un visado o incluso estudios en alguna institución europea. Con todo, el país de llegada seguirá siendo uno de los factores a la hora de tramitar la demanda.

Ayuda voluntaria

Los países europeos pueden ofrecer ayuda a otro Estado en el reparto de refugiados, responsabilidad directa de los repatriaciones («retornos patrocinados», según la jerga europea), ayuda logística para los campamentos de refugiados o el despliegue de guardias fronterizos. Se espera que los países del Este muestren mayores dosis de entusiasmo que en el pasado ya que ahora se trata de contribuir con el blindaje de las fronteras exteriores europeas y las expulsiones forzosas, sus principales reivindicaciones.

Mecanismo correctivo

Ante nuevas crisis como la de 2015, los Estados o la propia Comisión podrán enviar un SOS de alarma. Se hará una evaluación sobre las necesidades y se establecerá un criterio de reparto entre los Estados según su PIB y la población. Nuevamente, cada país puede elegir cómo ayudar. Si no resulta suficiente y se queda un 30% por debajo de lo requerido, Bruselas podrá hacer un nuevo llamamiento a través de un mecanismo correctivo, especialmente dirigido a aquellos países que sólo han decidido contribuir con infraestructuras. Si el estado concernido sigue negándose a acoger a refugiados puede seguir haciéndolo, pero a cambio debe comprometerse a ayudar en las repatriaciones de inmigrantes irregulares, según el baremo establecido por el ejecutivo comunitario. De esta forma, se pasa de las cuotas obligatorias a los «retornos patrocinados» obligatorios.